La Unión de Asambleas Ciudadanas convoca a la “Marcha Nacional Ambiental, Por la vida y la dignidad, Contra el Saqueo y la Contaminación” el miércoles 12 de diciembre a las 12 en Plaza de Mayo

En el comunicado exigen la inmediata aplicación del principio de licencia social o consulta popular previa y reclaman del Gobierno medidas concretas en cumplimiento del compromiso firmado por el Presidente y todos los gobernadores el 3 de mayo de 2006 en Gualeguaychú, asumiendo los problemas ambientales como causa nacional.

Solicitan la declaración de la emergencia ambiental nacional y regional –y urbano-ambiental en las grandes ciudades– a la par que manifiestan su rechazo a la construcción de edificios en torre. Se oponen al proyecto de ley nacional que faculta al poder ejecutivo a enajenar tierras ferroviarias. Reclaman la derogación inmediata de las leyes mineras y del proyecto binacional Pascua - Lama.

Exigen asimismo que se declare la emergencia hídrica y sanitaria y se encare el saneamiento integral de las cuencas Matanza-Riachuelo, Reconquista y estuario del Plata, la expansión de las redes de agua y cloacas y la construcción de plantas de tratamiento de efluentes.

Demandan se elabore una política integral en el tratamiento de la basura con participación de organizaciones ambientalistas y sociales y la derogación del decreto que creó el Cinturón Ecológico.Se pronuncian también contra los agrocombustibles, la fumigación y el monocultivo.

Requieren por último el desprocesamiento de los luchadores sociales y el apoyo a los medios de comunicación que desarrollan el tema ambiental haciendo visibles los problemas que fundamenta la declaración de la emergencia.

DECLARACIÓN DE LA MARCHA NACIONAL AMBIENTAL

Esta es la segunda marcha nacional ambiental y no estamos mejor que hace un año, por el contrario, soportamos 365 días más de un impacto ambiental con efecto multiplicador y de un saqueo de bienes comunes con el mismo efecto exponencial, responsabilidad de los acuerdos entre los gobiernos y las corporaciones empresariales.

La lucha de las asambleas populares, las asociaciones vecinales, las organizaciones sociales, movimientos campesinos, pueblos originarios y vecinos en general en todo el territorio del país, tiene un común denominador: la defensa de las condiciones de vida digna de nuestros pueblos y la preservación de los bienes comunes, tal como llamamos a las riquezas de este planeta.

Hoy reafirmamos nuestra lucha en repudio de la política gubernamental; la destrucción y el saqueo en todo el país por parte de los monopolios extranjeros y de sus socios locales; la laxitud en las leyes y en su cumplimiento; la búsqueda ambiciosa de réditos políticos y económicos y la corrupción, causas fundamentales por las que todos los días perecen muchos habitantes de nuestro país.

Sostenemos y defendemos la decidida movilización y la lucha de pueblos como Gualeguaychú, para impedir la instalación y funcionamiento de Botnia y el avance de la contaminación; Esquel, que detuvo a la empresa minera Meridian Gold; Famatina, Pituil, Chilecito y Chañar Muyo que, junto con otros pueblos de la cordillera, llevan diez meses de corte para impedir la instalación de la empresa minera Barrick Gold; comunidades indígenas como Lonko Purrán que en la provincia de Neuquén enfrentan a las empresas petroleras, tal como lo viene haciendo desde hace diez años el pueblo de General Mosconi en la provincia de Salta, entre otros.

Como resultado de esta lucha y resistencia de las comunidades, ya son seis las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas: Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, La Pampa y Mendoza

Continuando el camino de estas resistencias, volvemos a esta plaza para reafirmar nuestra lucha contra la contaminación ambiental.

La Cordillera de los Andes, fábrica de agua, cuna de glaciares de roca, se extingue debido a la actividad del depredador minero que interrumpe su ciclo natural y contribuye así al calentamiento global, generado mayormente por el derroche y consumismo del 20% de la población mundial que vive a expensas del 80 % restante, los pueblos del sur.

La cordillera, en toda su extensión, es invadida por transnacionales en pos de minerales críticos y estratégicos cuya extracción requiere de cuantiosos volúmenes de agua, de compuestos químicos tóxicos y de energía subsidiada que el gobierno se comprometió a cederles. La Barrick Gold es su principal representante.

Paralelamente, las obras hidroeléctricas proyectadas en la Patagonia tienen el mismo fin que la del Chocón-Hidronor SA, principal proveedor de energía de la Mina La Alumbrera, en Catamarca. Los habitantes del interior del país saben bien a dónde va a parar la energía que falta; de igual modo que los hidrocarburos, petróleo y gas, toda la rapiña cruza las fronteras del país.

En este mismo marco se halla la lucha en el litoral al recibir el impacto feroz de las fábricas de pasta de celulosa que, curiosamente, requieren de iguales insumos que las transnacionales mineras: agua, suelo y energía, que falta o escasea en sus países de origen.

Los monopolios, generadores de contaminación y destrucción del hábitat en busca de obtener una máxima y rápida ganancia, afectan también a los hermanos pueblos uruguayo y chileno.

El salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, fundamentalmente con la soja y ahora con los agrocombustibles (mal llamados biocombustibles) , destruyendo e incendiando montes y bosques nativos, elimina economías regionales y avanza sobre tierras no aptas para la agricultura, expulsando a miles de pequeños productores y trabajadores del campo, que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades y generando amplios territorios inundables.

El problema del sobre pastoreo y la consiguiente erosión del suelo; el hacinamiento y engorde de ganado (feed lot) que persigue un rinde que prevalece sobre una alimentación sana; la siembra intensiva y extensiva de especies exóticas perjudiciales; la pérdida de los cinturones verdes hortícolas, proveedores de alimentos frescos a escala local y regional; la fumigación de pesticidas sobre cultivos y poblaciones; son patrones de producción agropecuaria que nos distancian cada día más de la soberanía alimentaria.

La apropiación de fuentes de agua (ríos y acuíferos); la extranjerización del territorio; el saqueo de nuestros hidrocarburos; la persecución y el despojo a los pueblos originarios, son otros ejemplos de esta grave situación.

Las pesquerías continentales y marítimas en franco proceso de agotamiento por sobreexplotación a favor de empresas extranjeras; la existencia de pasteras contaminantes; la contaminación del aire, del agua y del suelo que se acentúa en los parques industriales, con su consiguiente impacto (envenenamiento) sobre las poblaciones circundantes; la contaminación por residuos radiactivos; los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata, el paradigmático caso de Dock Sud y la Villa Inflamable en Avellaneda (Buenos Aires) y en el Gran Rosario (Santa Fe); la contaminación del Reconquista y el Luján; la depredación y contaminación del Delta y sus humedales y de la cuenca del Matanza-Riachuelo, con un impacto directo sobre millones de argentinos, donde los índices de mortalidad infantil de los barrios asentados en sus márgenes, duplican el promedio de Capital Federal, demostrando así que este genocidio ambiental facilitado por los gobiernos nacional, provincial y municipales, no se soluciona con los meros paliativos propuestos.

Muchas de estas prácticas están amparadas en el secreto de los procesos industriales y extractivos y el rechazo por parte de las empresas y el gobierno a la formación de auditorias independientes a cargo de los trabajadores y organizaciones ambientalistas y sociales.

La Argentina no es ajena a otros proyectos de dominación que azotan a los países de América Latina, como el IIRSA ( Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), plan que viene avanzando y que consiste en la construcción de la infraestructura necesaria para concretar el saqueo de los bienes comunes. Así, se vienen construyendo rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos, gasoductos, oleoductos, acueductos, telecomunicaciones, en cuya construcción los estados latinoamericanos se endeudan en beneficio de los sectores económicos que dominan el mercado mundial. Este megaproyecto de infraestructura apunta a implementar nuevas bases de ordenamiento territorial y social en América Latina, una nueva geografía que establecerá fronteras que ignoran historias e identidades construidas a lo largo de siglos de existencia de nuestros países.

En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades; como el calamitoso manejo de residuos cuyo caso más resonante es el CEAMSE y los rellenos "sanitarios" asentados precisamente en áreas urbanas, vigente desde la dictadura militar hasta el presente; la falta de acceso al agua potable y a cloacas; la ausencia de plantas de tratamiento de efluentes; la proliferación contaminante de las antenas de telefonía celular; la privatización de la costa; la reducción de los espacios verdes urbanos y el aumento de la polución ambiental en pos de la especulación inmobiliaria (edificación indiscriminada); la contaminación sonora y del aire por el tránsito automotor; la elevación de las napas freáticas en partidos del Gran Buenos Aires; los transformadores, que al ser desmantelados arrojan el PCB al río aumentando su contaminación; la coexistencia con industrias contaminantes; las inadecuadas condiciones de seguridad e higiene laboral a las que son sometidos los trabajadores.

Estos son algunos de los temas que han tenido más repercusión pública, aunque no son los únicos problemas que afectan a la población, especialmente a los sectores más vulnerables por su condición socioeconómica, con altos niveles de desempleo estructural, privándolos del acceso a la vivienda, la salud y la educación, a una vida digna, llevándolos a graves condiciones de hacinamiento, sobre todo en los barrios humildes en los que se potencia el efecto.

¿Cuánto dinero destina el gobierno para el tendido de agua potable y cloacas que alivien la situación de los barrios afectados? ¿Cuánto al saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza que constituye una gran cloaca abierta que contamina ahora y desde hace años? ¿Cuánto destina en concepto de pago de intereses de deuda externa y a subsidios que constituyen ganancias de empresas privatizadas?

Este panorama nos demuestra que las tierras y los bienes comunes de nuestro país están en la mira de los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros, razón por la cual las comunidades que allí habitan constituyen un obstáculo para su apropiación y explotación.

Para enfrentar las resistencias que construyen los pueblos frente al saqueo, las poderosas corporaciones transnacionales, con la complicidad de los poderes políticos locales, provinciales y nacionales, utilizan estrategias también poderosas. Así, la militarización en las zonas en disputa; la aprobación de leyes como la llamada "antiterrorista", intentando aplicarlas a quienes se resisten; y la judicialización y criminalización de las luchas, manteniendo hoy más de cinco mil luchadores/as populares procesados, forman parte del cuadro de situación que busca hacer desaparecer los obstáculos que impiden concretar los grandes negociados.

Reivindicamos nuestros métodos de lucha: asambleas, movilizaciones, cortes; son el camino que tomamos frente a gobiernos que no dan respuesta.

No nos arrodillamos. Estamos dispuestos a defender con la lucha nuestros bienes comunes y el derecho a una vida digna para todos.