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06/05/2009
En Magdalena, Shell se desliga del mayor derrame de petróleo de la historia mediante un óbolo

La empresa firmó un acta con el Municipio. Canjea la suspensión de la demanda por una colaboración "desinteresada y no vinculante" de 9,5 millones de dólares.

El Intendente Fernando Carballo aceptaría la oferta desistiendo de los procesos iniciados contra Shell y someterá la iniciativa a una consulta popular no vinculante el próximo domingo 17 de mayo. Se daría así por cerrado el caso del derrame de petróleo en las costas de Magdalena de enero de 1999, el mayor de hidrocarburos en agua dulce y motivo de la causa ambiental más importante de Latinoamérica.

En noviembre de 2002, el municipio de Magdalena presentó en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata una demanda de casi 100 millones de pesos contra Shell por los daños ecológicos ocasionados en las costas y aguas del distrito y solicitó el procesamiento penal del ex presidente de Shell Jorge Brea y su sucesor David Beer.

A cambio del cierre de la causa, Shell ofrece su colaboración "desinteresada y no vinculante” para que la Municipalidad reciba asesoramiento en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación con relación a los siguientes emprendimientos:

1. El diseño de un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento en el tramo comprendido entre los balnearios de Magdalena y Atalaya.

2. El diseño de un parque industrial dentro del partido de Magdalena.

3. El diseño de un programa de tratamiento de los residuos generados dentro del partido de Magdalena y sólo para ese distrito.

La oferta aparece tras un informe sobre el daño ambiental en la vegetación de la franja costera de Magdalena que será presentado por el Centre for Research on Multinational Corporations en la Asamblea Anual de la petrolera en La Haya, junto a otros cinco casos que involucran a Shell, el próximo 15 de mayo.

El 26 de mayo en Nueva York tendrá lugar la primera audiencia del Juicio contra Royal Dutch/Shell acusada de complicidad en violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Ogoni en Nigeria, incluyendo “ejecuciones sumarias, crímenes contra la humanidad, tortura, trato inhumano, arresto arbitrario y muerte culposa” entre otros abusos que habrían cometido responsables de la empresa en complicidad con el régimen militar de Nigeria.

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