La ley —que había sido aprobada en primera votación en diciembre de 2005 y discutida en audiencia pública en abril pasado— fue sancionada por la Legislatura porteña en la sesión del 14 de diciembre último.

Impulsada por la diputada kirchnerista Ana María Suppa, la ley recoge las propuestas de un conjunto de organizaciones vecinales y sociales del barrio agrupadas en el Movimiento vecinal por el Resurgimiento de La Boca con el respaldo técnico y participación activa de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Morón, como así también la propuesta de renovación urbana de La Boca elaborada por el Centro de Gestión y Participación N° 3.

Sobre esta ley la diputada Suppa señaló que “permitirá recuperar terrenos y edificios privados deteriorados en desuso, a fin de transformar los espacios ociosos del barrio en viviendas dignas para sus vecinos, en una parte de la ciudad donde el déficit habitacional constituye un problema muy grave”. Cabe destacar que de acuerdo a los datos aportados por el último censo poblacional, en el barrio de La Boca más del 80% de los habitantes de inquilinatos viven en cuartos ocupados por más de 2 personas y en los hoteles este número sería del 73%, en contraste con el promedio de la Ciudad de Buenos Aires que es del 14 %.

Qué dice la ley
La ley declara la Emergencia Urbanística y Ambiental del área delimitada por la Av. Regimiento de Patricios, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil y Av. Pedro de Mendoza –que abarca el barrio de La Boca en su totalidad, salvo un sector recientemente anexado de la isla Demarchi. La ley no sólo se extiende en señalamientos y recomendaciones respecto al rubro vivienda, sino que incluye además los servicios, el equipamiento, los espacios verdes y las actividades productivas, si bien en estos rubros no aporta directrices concretas. Sin embargo, cabe recordar que los vecinos vienen discutiendo con el Gobierno de la Ciudad en el ámbito de la Justicia el destino del predio de tres manzanas en Casa Amarilla que el Instituto de la Vivienda intenta saturar con la construcción de 1231 departamentos. Sobre ese terreno, la postura vecinal es de preservarlo como área pública recreativa conservando su carácter de sector verde, por tratarse del último predio disponible para esa finalidad. Las actuaciones se siguen tramitando en la Justicia que ha tomado una serie de resoluciones favorables a la postura vecinal desde el 29 de diciembre de 2004, fecha en que ordenó suspender el llamado a licitación a las empresas constructoras que intentaba lanzar el Instituto de Vivienda de la Ciudad.

De hecho, aquel fue el punto de arranque de la movilización vecinal que finalmente dio como resultado la sanción de la ley que estamos comentando. La propuesta de los vecinos del Movimiento por el Resurgimiento de La Boca a las autoridades del Gobierno de la Ciudad era –y sigue siendo– simple y contundente: “En lugar de sellar con cemento el último sector verde disponible, destinen los fondos previstos a reconstruir la deprimida trama urbana levantando viviendas en terrenos ociosos o construcciones irrecuperables esparcidos en diferentes zonas del barrio”. Y si bien la nueva ley no es taxativa respecto a preservar el predio de Casa Amarilla, es contundente al extender la emergencia ambiental a los espacios verdes y resultará sin duda una herramienta clave para los vecinos en la disputa que mantiene con el Instituto de la Vivienda sobre el destino del lugar.

Por otra parte, resultó un logro del Movimiento conseguir que se incorporase al texto de la ley el listado de las propiedades que integrantes del mismo relevaron. En su Artículo 3° la ley indica que para dar cumplimiento a los objetivos de renovación y consolidación urbana y mejoramiento ambiental se “deberá intervenir sobre los inmuebles ociosos privados, para lograr su integración y puesta en valor social, tomando como marco de referencia el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente ley”.

Cómo y quienes pondrán en práctica la recuperación del barrio
La ley ordena al Poder Ejecutivo formular “dentro de los 180 días de promulgada la presente”, un programa y proyectos específicos en los aspectos declarados en emergencia. Para ello deberá constituir una “Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio de La Boca”, con representantes de áreas del GCBA y delegados comunales. El gobierno central aportará un representante del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, el cual se desempeñará como Coordinador General de la Unidad Ejecutora y otros tres provenientes del Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Finalmente habrá un integrante que provendrá de la Junta Comunal de la Comuna 4 cuando ésta se constituya y hasta entonces, del actual CGP 4 y un representante del Consejo Consultivo Comunal cuando éste comience a funcionar.

La promulgación de la ley
Como es sabido, el Legislativo sanciona leyes y el Ejecutivo las promulga. Para que la ley de emergencia urbanística y ambiental del barrio de la Boca tenga plena vigencia falta el visto bueno del Poder Ejecutivo de la Ciudad que tiene facultades para vetar total o parcialmente las leyes que sanciona la Legislatura porteña, en cuyo caso ésta puede aceptar la modificación o votar la insistencia. Pero dado el masivo respaldo legislativo que tuvo el proyecto, el apoyo prácticamente irrestricto de los participantes en la audiencia pública (ver trascripción completa en www.laurdimbre.com.ar/vidaurbana/vu-0046.php) convocada después de la primera aprobación y antes del segundo tratamiento en el recinto como ordena la legislación vigente, no se esperan sorpresas.

Las organizaciones que integran el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca se aprestan a operar activamente para que el programa de recuperación se ponga en funcionamiento efectivo y no ocurra como ya ha pasado en otros casos en que la Unidad Ejecutora se diluye y pierde eficacia sin la participación activa de los interesados.