El Riachuelo vuelve a ser noticia. Al cierre de esta edición la Secretaría de Medio Ambiente defendía el programa oficial que implementa la Autoridad de Cuenca, bajo su dirección en el segundo día de audiencias en la Suprema Corte de Justicia.

Disconformidades

El representante legal de la “parte actora” en la causa que dio origen a este expediente que tramita la Corte, caratulada “Mendoza Beatriz Silvia y otros contra Estado Nacional” por daños y perjuicios, criticó el programa que, dijo, merece su “juicio de reproche por serias falencias”, entre las que citó una presunta “inconsistencia presupuestaria”.
Según el denunciante, el plan “trata superficialmente el tema de la salud de los habitantes de la cuenca”, por lo que calificó de “inadecuado” al programa de saneamiento presentado por las autoridades nacionales.
Antes de la audiencia se había conocido un documento con fuertes críticas de la Universidad de Buenos Aires. El informe señala que no hay datos sobre enfermedades prevalentes, cantidad de población afectada, atención de casos e indicadores de riesgo de exposición ni un programa sanitario en el plan presentado por Picolotti.
En materia de saneamiento, sostienen los profesionales, incorpora información incompleta y desactualizada de las características físico-químicas y biológicas del curso, incluye acciones “cuestionables” y otras directamente “no aplicables”.
Recomiendan los académicos reprogramar el cronograma de medidas para evaluar previamente “la factibilidad y las consecuencias” de su aplicación y “considerar los efectos de las medidas en su conjunto” porque, si no, se tratará de “una intervención a ciegas en el ecosistema”. El plan oficial no precisaría ni la cantidad ni la localización de las personas más afectadas por la contaminación, para fijar así áreas críticas y establecer prioridades de acción.
“El trabajo presentado de ordenamiento territorial constituye una expresión de deseo”, sostiene el informe de factibilidad.
Alerta también sobre la poca factibilidad de crear la denominada Autoridad de Cuenca, porque su jurisdicción se superpone con la de “autoridades locales constituidas”.
En tanto, el ministro de Medio Ambiente de la ciudad, Juan Manuel Velasco recordó que había enviado una nota a Picolotti para exigirle que convocara un plenario de la Autoridad de Cuenca, que, desde su creación por ley, nunca se reunió.
Además, en cumplimiento de una norma local, que declaró la emergencia ambiental de la cuenca, Velasco –uno de los dos representantes de la ciudad en el ente tripartito– presentó un plan de trabajo a una comisión de legisladores, empresas, ONG y vecinos.
Las críticas también partieron desde organizaciones ambientalistas y de vecinos de la cuenca y del ombudsman, Eduardo Mondino, quien ayer aseguró que directamente “no hay plan”.

Descargos

Picolotti brindó precisiones sobre las tareas que ya están en marcha y las previstas para las próximas etapas, y respondió algunos cuestionamientos que habían quedado pendientes de la audiencia de la víspera, en especial vinculados con informes críticos de los técnicos de la Universidad de Buenos Aires.
La secretaria de Medio Ambiente rechazó que la calidad de vida de la población no fuera una prioridad del plan oficial, aunque reconoció que las medidas que se adoptan apuntan a que sea “lo menos doloroso posible el costo social”.
Sobre la presunta existencia de “normativa profusa y dispersa sin basamento científico”, Picolotti afirmó que se está “en proceso de unificación de la normativa en materia de elementos líquidos y emisiones gaseosas” y que están en “pleno intercambio de información en todas las áreas”, de salud, industria, educación, infraestructura y controlras de empresas contaminantes y la relocalización de otras firmas.
Acerca de la inquietud sobre el método de selección de los encargados de verificar el cumplimiento de las normas, sostuvo que se trabaja en la “formación continua de capacitación de inspectores, jueces de falta, fuerzas de seguridad y encargados verificar el cumplimiento de las normativas”.
Señaló que hay 260 personas –incluyendo a los fiscales de la unidad de inspección de delitos ambientales– trabajando “en conjunto” para controlar la calidad del aire y verificar las “condiciones de vertido de efluentes líquidos”.
Esos funcionarios tienen, entre sus objetivos, “mitigar los impactos negativos de las acciones causadas por el sector industrial”, sostuvo la funcionaria quien también detalló minuciosamente los presupuestos destinados a cada obra.
Después de unas tres horas de debate, la Corte dio por terminada la audiencia e inauguró un período de análisis y evaluación de la información recolectada.
El máximo tribunal podría convocar a una nueva audiencia en fecha a determinar para supervisar los avances del plan, o directamente pasar a resolver y emitir un fallo que podría ordenar a los estados comprometidos con la cuenca a realizar determinados trabajos para el saneamiento.

Clausuras

La Secretaría de Ambiente clausuró preventivamente una empresa petroquímica en Dock Sud –una de las 44 denunciadas ante la Corte Suprema por contaminar el Riachuelo– porque en ella “se registran derrames de fueloil que pueden llegar a contaminar las napas”. La secretaría lleva efectuadas 25 clausuras a empresas en la cuenca del Riachuelo. También se anunció que ya todas las empresas de depósitos químicos de Dock Sud aceptaron trasladarse. “En poco tiempo, la Autoridad de Cuenca intervino en todos los sectores donde había denuncias”, afirmó un funcionario del organismo.

Sin embargo, un representante del flamante Espacio Intercuencas –que reúne a ONGs referidas al Riachuelo, el Reconquista y el Río de la Plata– sostuvo que “las clausuras son una simple puesta en escena; una película que siempre vimos en épocas preelectorales”.