—”Quedamos quince boleteros más el supervisor que no sabíamos hacia donde salir” comenta a La Urdimbre una de las trabajadoras afectadas por el incendio de las boleterías de la estación Constitución el martes 15 de mayo.

—”Podíamos haber muerto atrapados por el fuego”, sostiene otro de los integrantes del grupo reunido en el hall de la estación, tres días después de los sucesos. Son unas quince personas que prestan servicios como expendedores de boletos en distintos turnos, varios de ellos en funciones durante los incidentes.

—”Lo que nos pasó a nosotros no sale en los medios” aporta otra de las trabajadoras. En conjunto decidieron no retomar las tareas hasta que la empresa instalara vidrios blindados, rejas y una salida de emergencia en el recinto de boletería. La determinación surge de los momentos de extrema tensión vivida por los trabajadores atrapados entre el fuego dentro de la boletería y la lluvia de piedras y otros objetos que arrojaban los enfurecidos pasajeros una hora después de la cancelación del servicio de trenes hacia el conurbano, sin explicación alguna por parte de la empresa.

El martes 22, una semana después de los desmanes, los empleados volvieron finalmente a trabajar al estrecho local de boletería protegido ahora por vidrios blindados, una malla metálica y con una puerta de escape. A media mañana se enteraban de la noticia: el Estado había cancelado la concesión a la empresa Metropolitano S.A. Más tarde otra novedad: la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencias (Ugofe) tomaría la concesión. Ningún motivo para celebrar a juzgar por el semblante adusto de los trabajadores. Quizá salir de guatepeor para entrar en guatemala. El grupo de empresas que se hará cargo ahora del Belgrano y del Roca opera las restantes líneas y tiene otra concesión que le retiraron a Sergio Taselli, la del ex ferrocarril San Martín, en el que algunos sostienen hay leves mejoras respecto a la situación anterior. Pero también operan la ex línea Sarmiento, para muchos una calamidad.

¿Quién(es) controlan qué?
Estos episodios y su resultado plantean algunos interrogantes. ¿Por qué no actuó el organismo estatal de control de los ferrocarriles antes de la hecatombe? ¿Ignoraban quienes tienen que controlar el servicio desde el Estado Nacional que el del Metropolitano era pésimo en cuanto a horarios, la gente viaja “como ganado” –según acostumbran a decir los usuarios que se quejan del exceso de pasajeros o la escasez de coches– y en líneas generales resulta una experiencia muy estresante viajar en horas pico?

“El mejor control –escribe Mario Wainfeld en Página 12, el 27 de mayo– no es un presidente reactivo y omnipresente sino la existencia de organismos independientes con participación de la sociedad civil (una materia que este gobierno se lleva a marzo) y de la oposición”.

Dicho de una manera más directa, los organismos de control actuales no son independientes ya que a sus funcionarios –que deberían ser designados por concurso– los nombró el Presidente. Desde luego no hay atisbo de representación de organizaciones no gubernamentales en organismos del Gobierno. No aparecen siquiera en el Ente recientemente creado para la descontaminación del Riachuelo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia hizo lugar precisamente a una demanda de un conjunto de ONGs que dio como resultado la creación del Ente.

Es impensable el desmadre del martes 15 en Constitución con un ente de control de los ferrocarriles integrado por organizaciones de usuarios y representantes de la oposición además de los técnicos y funcionarios del Gobierno. Hubieran hecho los señalamientos, denuncias, etc. –a medida que se presentaran los problemas y reclamos– y funcionado como contención de los usuarios. En lugar de habitar la estratosfera del limbo burocrático, esos hombres y mujeres de organizaciones no gubernamentales que representaran los intereses del usuario utilizarían como lugar de reunión el hall central de las estaciones ferroviarias y atenderían los reclamos en vivo y en directo.

En Constitución un grupo de atribulados usuarios comenzó a reunirse espontáneamente hace algunos meses en el hall los días jueves de 18 a 20 hs. En un mensaje a esta redacción del 22 de mayo celebran la caída de la concesión y piden “un cambio de fondo y que se juzgue a Taselli y Cía.”

Caracterizan la decisión como “un triunfo de la protesta de los usuarios y trabajadores que dijeron basta al maltrato y la impunidad de los empresarios inescrupulosos y que conminaron a los funcionarios a abandonar la desidia y hacerse cargo de sus responsabilidades” al tiempo que lamentan “que aparte de firmas, actos y movilizaciones se haya tenido que manifestar la violencia para que las autoridades comprendieran el hartazgo de la gente”.

Entre otras medidas reclaman mecanismos de control ciudadano realistas y efectivos “como ser audiencias públicas”..., “o regularizar el funcionamiento de la CNRT para que los usuarios puedan formar parte de este organismo como corresponde”. Señalan que al estatizarse Aguas Argentinas, “desapareció el ETOSS, y ahora el nuevo ente (ERAS), es una oficina dependiente del Ministro de Planificación Julio De Vido”. “Es decir –remarcan– con la estatización no se garantiza el control, es necesaria la participación de los afectados”.

Usuarios y consumidores: nuevos actores sociales
En un artículo publicado en Clarín la socióloga y profesora emérita de la UBA Susana Torrado (ex directora del INDEC a quien Domingo Cavallo, mandó a lavar los platos) afirma “En las sociedades de capitalismo avanzado, los trabajadores fueron reconocidos primero como fuerza de trabajo, luego como ciudadanos (cuando se universalizó el derecho a votar) y, finalmente, como consumidores de los propios productos que producen”.

“He oído numerosas voces –dice Torrado– que, concediendo que la protesta tiene alguna justificación por las condiciones infrahumanas en las que se viaja, enfatizan que la misma fue ‘desproporcionada’ respecto a las causas que la originaron. Como si los ciudadanos que intervinieron en los hechos del martes 15 hubieran debido primero analizar hasta qué punto podían llevar sus actos de protesta, para pasar luego a su ejecución. Lo que pasó aquel día fue un estallido de cólera colectiva, de personas que sintieron que se colmaba el límite del maltrato. En situaciones semejantes no hay lugar para la racionalidad ni tiempo para evaluar los efectos de la conducta inmediata. Reclamar ‘racionalidad’ en este tipo de sucesos es perder por completo de vista la naturaleza de su aparición y, por lo tanto, errar en el diagnóstico que prevenga futuras manifestaciones” afirma Torrado, para luego sugerir que se incorpore al análisis de la protesta social “dimensiones (por ejemplo, la de consumidor-usuario) que tienen igual legitimidad que la reivindicación por salarios e ingresos”.

Si –tal como indican los pronósticos– las buenas condiciones económicas se sostienen, la situación tenderá a agravarse por el simple peso de la mayor cantidad de trabajadores que ingresarán a la Ciudad para ocupar nuevos puestos de trabajo. A ello se suma la constante migración de porteños hacia el conurbano en busca de alquileres más baratos; muchos de los cuales usarán el tren para sus traslados hacia y desde el trabajo.
Aunque resulte prima facie extraño, en algunas líneas es casi imposible aumentar las frecuencias, es decir poner más coches y locomotoras. Esto es particularmente cierto en la ex línea Sarmiento que corta a la Ciudad y el Oeste del conurbano en dos. Más trenes supondría mayores esperas de autos, colectivos y camiones en las cientos de barreras de las calles transversales a las vías, con el consiguiente agravamiento del transporte en el ejido urbano, ya de por si colapsado en horas pico.

No es necesario ser un experto para darse cuenta de que las soluciones de fondo requerirán enormes inversiones en infraestructura tanto ferroviaria como vial (puentes, túneles, etc). Como en el resto del mundo el ferrocarril seguirá siendo una actividad subsidiada por el Estado. Resulta incongruente, sin embargo, que esos subsidios los reciban empresarios inescrupulosos cuya desidia compromete la paz social. Por eso, es imperativo involucrar al trabajador-usuario en los organismos de control. La espera promete ser larga y turbulenta. Acompañado –y controlado– el Gobierno la soportará mejor.