Durante 2008 las escuelas públicas no van a recibir fondos para el mantenimiento de sus edificios. Paradójicamente la medida fue dispuesta por las autoridades de la Ciudad, junto a una muy promocionada Declaración de Emergencia Edilicia.

Este año el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Infraestructura, administra en forma discrecional 450 millones de pesos, para la adjudicación directa o licitación privada de obras, que se supone son urgentes, a fin de garantizar el normal desarrollo de las clases.

Hasta ahora se pusieron en marcha una decena de obras vinculadas a la instalación de gas, y otras tantas, de reparación en albañilería y pintura; en este último caso, meras refacciones “para la foto de los diarios y las imágenes por TV”. Las urgencias y problemas estructurales de cientos de escuelas quedarán, con suerte, para más adelante.

Mientras tanto, la comunidad de padres –a través de las Asociaciones Cooperadoras- no saben de dónde saldrá la plata para pagar la limpieza semestral de tanques de agua, la desinfección de las aulas, la recarga y reemplazo de matafuegos, la provisión de tubos de luz, la compra de artículos de limpieza y de escritorio para el normal desenvolvimiento administrativo en los colegios durante el ciclo lectivo 2008, y las urgencias en pequeños arreglos de electricidad, plomería o cerrajería, por citar algunos ejemplos. Estos gastos se financiaban con un subsidio de Mantenimiento.

Estas y otras medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad señalan la voluntad política de sacar a los padres de las escuelas, que colaboraban, opinaban y controlaban el gasto.

Reuniones de inicio de clases donde directores imponen pautas de funcionamiento -sin la debida discusión y consenso-, y un desconocimiento absoluto hacia las Asociaciones Cooperadoras -que son las instituciones dedicadas a colaborar con la escuela-, configuran un verdadero retroceso que se remonta a la última dictadura militar, época signada por el autoritarismo, el centralismo y la total ausencia de participación ciudadana.

El gobierno porteño también suprimió otro subsidio de similar monto, denominado CO.DI.CO., mediante el cual podían realizarse refacciones de baja a mediana envergadura pero necesarias, que aseguren las mínimas condiciones para el dictado de clases. Las llamadas obras mayores las realizaba esa Dirección de Infraestructura, con muchas falencias, demoras y sobreprecios. Esa misma dependencia es la que administra actualmente, sin los controles adecuados, los 450 millones que le adjudicó la Legislatura a fines del año pasado.

Dicho sea de paso, en la misma sesión donde se aprobó esa quita de fondos, los diputados aprobaron aumentar los subsidios a las escuelas privadas. Toda una señal, ¿no?

Así vemos cómo los gobernantes avanzan con anuncios grandilocuentes, adelantando rápidas soluciones en forma mediática, y retroceden abruptamente en la realización concreta, y en la supresión de mecanismos democráticos, participativos y transparentes, para la administración de parte del presupuesto educativo, y para la construcción de una mejor escuela pública.

* Delegado Titular de las Asociaciones Cooperadoras del Distrito Escolar 4º (comprende los establecimientos de educación pública de los barrios de San Telmo y La Boca).