Un informe de la Defensoría de la Ciudad
revela la continuidad del trabajo esclavo en talleres textiles
clandestinos, cuyas víctimas son costureros bolivianos
indocumentados y cuyos beneficiarios en última instancia
son renombradas marcas que tercerizan la confección a
los talleres de explotadores del trabajo humano. (ver
Parte II)
Vivir con miedo
“Ellos (los bolivianos) viven así. Las condiciones
las fijaban ellos, no yo. La mentalidad de ellos es así,
vienen al país, juntan plata dos años y ponen
un taller. Por eso quieren vivir en el mismo lugar donde trabajan,
así no gastan”. Con estas palabras se excusó
Juan Correa ante el juez Alberto Baños a cargo de la
causa por el incendio del taller clandestino que funcionaba
en Luis Viale 1269 y que el 30 de marzo de 2006 ocasionó
la muerte de seis bolivianos -cinco de ellos niños- que
vivían en el lugar.
Correa era uno de los encargados del taller siniestrado y,
con el viejo truco de culpar a la víctima, pretendía
ocultar los recursos a los que apelan los talleristas para retener
a sus empleados. El más habitual consiste en aprovecharse
del temor que siempre acompaña a quien no puede acreditar
su identidad. Por eso, los patrones contratan a indocumentados
o retienen los documentos de los pocos que los poseen. A partir
de allí, la simple amenaza de echarlos a la calle y dejarlos
a merced de cualquier prepotencia policial resulta un argumento
más que convincente para que el empleado permanezca en
el taller.
Cuando esto no basta, el descontento de los trabajadores se
apacigua por otros medios. Juan Carlos Salazar Nina, dueño
de dos talleres clandestinos de Parque Avellaneda, solía
aliviarlo con fiestas que organizaba de sábado en sábado.
Había en ellas mucha cumbia y mucho alcohol y Nina instigaba
a los costureros a beber hasta que la borrachera los alcanzaba
y descargaban sus broncas acumuladas peleándose entre
ellos.
Sin embargo, el tiempo desgasta a estos mecanismos disciplinarios.
Según Vera, “cada cuatro o cada seis meses los
empleados se hartan de la superexplotación y se vuelven
‘quejosos’; entonces, los patrones los echan a la
calle sin dinero y sin documentos, y después parten a
Bolivia en busca de una nueva camada de costureros que los reemplace”.
“Para colmo -agrega- los talleristas abusan de la absoluta
precariedad de sus ex empleados y se quedan con el dinero del
último período trabajado”. Los costureros
que quedan en la calle resisten hasta que pueden; pero, en general,
terminan empleándose en otro taller donde volverán
a vivir la pesadilla que pretendían dejar atrás.
Complicidades necesarias
El funcionamiento de talleres clandestinos sería imposible
sin los indocumentados. Según estimaciones oficiales,
residen en el país unos 750 mil extranjeros en esas condiciones
gracias a que la Dirección Nacional de Migraciones fue
durante mucho tiempo una fábrica de irregulares. Esta
imputación no es fruto de una evaluación intransigente,
sino de una autocrítica que el propio organismo ha hecho
de su trayectoria (www.patriagrande.gov.ar/) y en la que admite
que la falta de documentos identificatorios genera la marginalidad
y la desigualdad exponiendo al ser humano a todas las formas
de degradación. Pero los indocumentados no sólo
llenan con su trabajo los bolsillos de quienes los explotan.
La seccional 40º de la Policía Federal está
ubicada en la calle Remedios 3748; esto es, prácticamente
en los fondos del taller en el que padeció AHR.
Según ex costureros y vecinos del lugar, efectivos de
esa dependencia pasaban periódicamente por el establecimiento
clandestino y cobraban entre 500 y 1.000 pesos, precio al que
cotizaban su tarea de hacer la vista gorda ante las irregularidades
que en él ocurrían. Si se tiene en cuenta que
en su jurisdicción fueron detectados unos 40 talleres
clandestinos, una simple cuenta arroja como resultado una suculenta
masa de dinero que cada mes ingresaría ilegalmente a
la seccional.
El día en que se incendió el taller de la calle
Luis Viale, los medios de comunicación hablaron del pago
de coimas. Inmediatamente, el Ministerio del Interior ordenó
al comisario general Néstor Vallecas, titular de la Policía
Fereral, que solicitase una investigación penal. A algo
más de un año de aquella orden, no ha habido novedades
sobre el caso. Mientras tanto, los talleres clandestinos siguen
funcionando y las grandes marcas, haciendo sus negocios de cada
temporada.