Curioso país este en el que se ha decidido licitar un
tren bala Buenos Aires – Rosario – Córdoba,
mediante endeudamiento público cercano a los 4 mil millones
de pesos para satisfacer no se sabe qué demanda, pero
los funcionarios no pueden (¿no quieren?) resolver la
reinstalación del modestísimo tren blanco de los
cartoneros: una formación destartalada con una locomotora
convencional más unos pocos vagones sin asientos —y
rejas en lugar de ventanillas— que circulaba en el ramal
Retiro-Tigre del ferrocarril Mitre y que TBA decidió
discontinuar de la noche a la mañana.
Un numeroso grupo de cartoneros provenientes de la provincia
decidieron entonces pernoctar a la intemperie en las proximidades
de la estación de barrancas de Belgrano, como forma de
protesta y para dramatizar la situación ya de por si
muy difícil de familias con chicos que no tienen como
volver a sus viviendas en el conurbano. Otros aceptaron el paliativo
que les ofreció el Gobierno de la Ciudad mediante camiones
que reemplazan parcialmente al tren blanco.
Juan Pablo Piccardo, el ministro de Ambiente y Espacio Público
dijo que el espacio público no es negociable y mandó
desalojar acatando una orden de la fiscalía Contravencional
Nº 3, a cargo de Marcela Solano —así figuró
en el sitio web de la Ciudad— hasta que la propia fiscal
lo desmintió y ahora el
párrafo fue eliminado . Luego aparecen las
explicaciones ”ex post facto”: el GCBA tiene facultades
para disponer desalojos administrativamente, sostuvo un legislador
oficialista.
Por su parte, la vicejefa de Gobierno se lamentó de
que se tengan que tomar algunas medidas que no siempre son "simpáticas".
Se refería al violento apaleo a que fueron sometidos
los ocupantes y posteriores detenciones de varios de ellos el
viernes último, durante el desalojo.
La nota de color la puso el ministro de Justicia, Aníbal
Fernández, quien afirmó que la Policía
Federal —fuerza bajo su mando desde que asumió
el nuevo cargo— intervino en el desalojo porque “habían
detectado una camioneta rociada con nafta y otros bidones en
las proximidades del lugar. La camioneta con nafta, más
nafta en bidones, más cartón, más un alambrado,
más chicos atrás del alambrado, más una
vía de un tren, era una garantía de una situación
incontrolable con un nivel de conflicto severísimo"
(La Prensa, febrero 27). Nadie preguntó porque no sacaron
la camioneta y los bidones de “las proximidades”
en lugar de alejar a la gente a los golpes “in situ”.
“El Ejecutivo fue sensible a los reclamos de los vecinos,
quienes por diferentes motivos se oponen a la presencia de este
tipo de asentamientos y defenderá el espacio público
bajo la convicción de que es un bien común innegociable”
insisten desde el área de Piccardo. Los vecinos están
en su derecho a protestar, de eso no hay dudas. Pero hay que
recordar que se trata de vecinos de nivel medio y alto que podrán
pagar el boleto en el tren bala quejándose del ruido,
la mugre y la fealdad de invasores cuya único reclamo
consiste en volver a sus casas como hasta hace poco en un tren
desvencijado en el que puedan trasladar sus no menos destartalados
carritos.