La automotriz Mercedes Benz deberá afrontar el juicio que se realiza en los Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, después del fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco que rechazó la apelación de la empresa multinacional.

La demanda civil contra Mercedes Benz en ese país, iniciada por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, permitirá una reparación económica a los damnificados que, anticiparon, percibirán el tope establecido por la ley, y el resto será donado para la construcción de un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Los familiares querellantes recurrieron en 2004 a la corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina.

En aproximadamente un mes, el caso se presentará en los tribunales de San Francisco, después de las dos primeras sentencias (de 2004 y 2009) que negaron la competencia geográfica de los tribunales de California porque -supuestamente- hay un “foro alternativo” (Argentina y/o Alemania).

Esa sentencia fue anulada en mayo de 2010 por la Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, que consignaba que “Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminaría en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores”.

En diálogo con Télam, la periodista que investigó el caso, Gaby Weber, consideró que la decisión de la Corte “muestra que es posible juzgar a los responsables económicos de delitos atroces” y advirtió que “no se reparan sólo con dinero, sino que tienen que decir qué pasó, con verdad y justicia, y reconocer lo que hicieron”.

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado implementado en la Argentina desde 1975, y por secuestros y torturas a 17 trabajadores -14 continúan desaparecidos-, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán.

También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el abogado Eduardo Fachal, que fue integrante y sobreviviente de la comisión interna desaparecida, el fallo dado por la Corte estadounidense “es muy importante porque permite hacer conocer internacionalmente el genocidio y la persecusión que sufrieron los trabajadores durante el terrorismo de Estado”.

En diálogo con Télam, el letrado que impulsa la causa penal en la Argentina sostuvo que “es necesario una reparación integral, no sólo en lo económico, por la complicidad de las empresas con el genocidio implementado en la Argentina”.

“Tocar las ganancias de la empresa es una forma de que nunca más se repitan estos hechos en el mundo”, afirmó.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Terry Collingwort, dijo en Washington, acerca del fallo, que “llegó la hora de que responda la empresa alemana en los EE.UU por los crímenes que pasaron en su fábrica”.

En Alemania también se inició un proceso judicial contra la firma, que fue desestimado bajo el argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla, en cuanto a la inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos.

En la Argentina las desapariciones de trabajadores de Mercedes Benz se comenzaron a investigar durante los juicios por la verdad, en los que el tribunal no tenía facultad de condenar.

Luego, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la causa recayó en el Juzgado Federal 2 de San Martín sin que se hayan registrado avances en los últimos tiempos. (Télam)