A menudo, los argentinos cruzan el Río de la Plata y recorren las ciudades uruguayas de Carmelo y Colonia del Sacramento. Allí los invade un sentimiento muy parecido a la envidia. ¿Por qué no tendremos nosotros algo similar? Una ciudad pequeña, ubicada junto al río, con playas sobre esas aguas pardas y mansas y con construcciones históricas. El viajero sueña con tener del lado argentino una ciudad a escala humana, el río –tal como no puede gozarse en Buenos Aires desde hace un siglo– y testimonios de nuestro pasado como pueblo.
En realidad, el lugar existe. Se llama Magdalena y está a 110 kilómetros de Buenos Aires. Fue fundada en 1730, es decir, después que Colonia y antes que Carmelo. Su iglesia tiene dos torres y una cúpula revestidas con cerámicas y uno de sus curas párrocos, Manuel Alberti, integró la Primera Junta de Mayo. En la misma plaza, la Municipalidad es un edificio de líneas neoclásicas con influencia italiana, una loggia en el primer piso y un gran reloj en la parte superior.

En las calles hay casas coloniales, algunas de gran armonía y belleza. Magdalena tiene además una de las joyas culturales de la Argentina, el Teatro Español, un antiguo teatro de estilo italiano, en el que alguna vez cantó Enrico Caruso y que tiene una sofisticación que poseen pocos teatros de ópera del mundo (y del que carece la famosa Ópera Garnier de París): bajo la sala, una enorme piscina subterránea genera esa acústica tan particular que sólo pueden dar las reverberaciones del agua transmitiendo la voz humana. Hace unos días, Luis Brandoni me confesó su sueño de actuar alguna vez sobre ese escenario.

Muy cerca, el Río de la Plata, con dos hermosos balnearios: el de Magdalena, al que se llega por una ancha avenida forestada. El otro balneario es Atalaya, en cuyo puerto histórico hubo saladeros en el siglo XIX y donde los gauchos rechazaron a punta de facón una invasión brasileña y otra francesa. Magdalena es, entonces, un lugar que espera ser descubierto por el turismo. El riesgo está en que siga esperando para siempre.

La vieja Guía Turística YPF advertía que “para evitar la aglomeración de las playas, realice este paseo preferentemente de marzo a diciembre”. No le haga caso. Hoy en esas playas no va a encontrar a nadie.

El día 15 de enero del año 1999, aproximadamente a las 14,30 horas y en aguas del Río de La Plata, en las proximidades del kilómetro 93 del canal intermedio y frente a las costas de Magdalena, colisionaron los buques Sea Paraná de bandera alemana y el buque tanque Estrella Pampeana -que transportaba petróleo propiedad de Shell CAPSA- de bandera liberiana.

A consecuencia del siniestro se produjo la ruptura de uno de los tanques del buque Estrella Pampeana, que contenía petróleo en su interior, y se originó un importante derrame de más de 5.400.000 litros de crudo (ó 4.428 toneladas ó 5.400 metros cúbicos de ese material). En círculos extraoficiales se estimaba que en realidad fueron alrededor de 6.500.000 litros de petróleo crudo derramado en las aguas del Río de la Plata. Nunca se explicaron los motivos de un choque de dos buques al mediodía, en un momento de máxima visibilidad y sin ninguna tormenta en el río.

Al arribar la Prefectura al lugar del siniestro estimaba que la mancha se encontraba a 15 millas de la costa, cubriendo una extensión de 1000 metros de longitud por 500 metros de ancho. Poco después la mancha de petróleo llegó a la costa, destruyó las playas y penetró en las desembocaduras de los arroyos. Hay evidencias que sugieren que pudo haber afectado las napas de agua subterránea que abastecen a Magdalena y a Atalaya, ya que estas napas se encuentran por debajo del nivel del Río de la Plata.

La falta de un adecuado plan de contingencia retrasó las tareas de limpieza. La ausencia de personal capacitado por la empresa hizo que se contratara mano de obra del lugar, que hizo trabajos de manipulación de residuos peligrosos sin el entrenamiento ni el equipo de protección necesarios. Algunos de ellos eran menores de edad, lo que viola la Ley de Contrato de Trabajo que prohibe que los menores realicen tareas insalubres o peligrosas. Varios de esos trabajadores tienen hoy problemas de salud, que atribuyen a la exposición a esos residuos peligrosos sin protección alguna.

Todos los testimonios coinciden en que se hizo una limpieza cosmética en lugar de una verdadera remediación del área contaminada.
El barco siniestrado era de bandera liberiana. Sin embargo, el capitán, la tripulación y hasta el nombre eran argentinos. ¿Cuál es el motivo? Que Liberia es un país en el cual las palabras derechos laborales y aún derechos humanos no significan nada. Sometido a una tiranía infame, presta su bandera a innumerables chatarras flotantes que recorren ríos y mares poniendo en peligro a todo el mundo. Cualquier reclamo en los tribunales de Liberia por accidentes laborales o ambientales es, por supuesto, un esfuerzo inútil, y eso lo saben todos los armadores de barcos impresentables.

Ese barco era monocasco. Es decir, que no tenía el doble casco que los países desarrollados exigen a los buques petroleros que navegan sus aguas y que Argentina inexplicablemente aún no lo ha hecho.
Detrás de este siniestro, hay un sórdido cálculo económico. En el transporte de petróleo es más barato perder una cantidad en un accidente que gastar en medidas de prevención. El petróleo crudo es muy barato y a las grandes empresas les parece inagotable. Pero un buque petrolero moderno, con el doble casco que exigen las normas internacionales de seguridad, el adecuado equipamiento de navegación y el personal preparado para hacer frente a una contingencia, son un costo adicional. La empresa sólo los pagará si está en un país que la obligue a hacerlo, ya sea que la obliguen sus autoridades, ya sea que lo hagan sus órganos judiciales en caso de tener que responder por un desastre.

Hoy la ciudad entera ha perdido su principal fuente de sustento, por un capitán que no supo tener firme el timón y por una empresa que no quiso invertir en un barco adecuado. El tema está en la Justicia, tanto para exigir una verdadera remediación ambiental como para la elemental reparación económica a los que han perdido su salud o sus fuentes de trabajo, pero pasa el tiempo sin que se produzcan novedades, con los pobladores afectados por la desocupación y la miseria. Allí aparecen personas inescrupulosas que intentan aprovechar la situación para hacerlos renunciar a sus derechos por unas pocas monedas.

A continuación, ustedes podrán consultar un texto de Miguel Graziano con la historia del modo en que están funcionando los juicios por las consecuencias de la contaminación en Magdalena. Notarán ustedes que Graziano dice que los vecinos empetrolados iniciaron su juicio hace exactamente cuatro años, pero la Justicia demoró tanto las cosas que todavía no se lo notificó formalmente a la empresa responsable del desastre. En la próxima entrega, las últimas novedades sobre un juicio inexplicablemente congelado.

Mientras tanto, todos esperamos que el sistema judicial de nuestro país funcione un poco mejor que el de Liberia.

LA PLATA, 01 DIC.- El mayor derrame de petróleo sobre agua dulce de la historia mundial ocurrió en Argentina el 15 de enero de 1999. Y el reclamo correspondiente se encuentra paralizado en la Justicia, cuya última comunicación oficial se remonta al 14 de noviembre de 2002. Las Comunas damnificadas iniciaron juicios y los vecinos lo hicieron por su cuenta. En la causa más importante, que aún no fue notificada a la empresa dueña del petróleo y reúne al 5 por ciento de los vecinos de un pueblo, se solicitan mil millones de pesos para reparar los daños a la salud, a la economía y al medio ambiente. Ahora presentaron una medida cautelar millonaria contra la Shell.

El choque de los barcos Sea Paraná y Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, se produjo en una tarde de cielo celeste y calma en el mar. Fue en las costas de la casi olvidada localidad de Magdalena -distante a unos 100 kilómetros de la Capital Federal-, cuyos vecinos sufren hoy las consecuencias mientras esperan desde hace más de cinco años que la Justicia Federal dicte las resoluciones que permitan activar los 69 juicios iniciados en ese fuero, virtualmente paralizados por temas de competencia que nada hacen a la cuestión de fondo: el tan temido daño al medio ambiente. Y todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa, mientras la empresa petrolera responsable estudia, y hace pública, la posibilidad de vender sus activos en el país.

Los vecinos exigen una millonaria reparación por el millonario daño sufrido en el medio ambiente, en su vida económica y en su salud. Y entre ellos se encuentran quienes realizaron la limpieza de la zona "supervisados" por la petrolera sólo provistos de sus comunes trajes de baño y, en muchísimas ocasiones, en ropa interior.

El accidente ocurrió en el kilómetro 93 del canal del río de La Plata cuando el buque Sea Paraná, de bandera alemana, chocó al barco Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, que transportaba hidrocarburos desde el sur argentino hacia el puerto de Buenos Aires. La colisión se produjo en un día de cielo absolutamente despejado y con las aguas del Río de La Plata decididamente calmas, lo que proporcionaba una perfecta visibilidad.

Y fue así que, choque mediante, y por ausencia absoluta de tareas de rescate del petróleo que fue derramado en el agua, el hidrocarburo demoró 2 días en enlutar la costa del pequeño pueblo bonaerense de 10 mil habitantes, cuyo único lujo y fuente de supervivencia eran sus costas; playas para mitigar el calor del verano y generar una propia microeconomía con emprendimientos gastronómicos y una pesca y caza hasta entonces muy generosas.

El petróleo contaminó aproximadamente 30 kilómetros de costa y llegó, incluso, hasta Berisso, en el Gran La Plata. El hidrocarburo ingresó particularmente en la zona de arroyos y humedales, hasta dos kilómetros tierra adentro. Allí todavía subsisten balnearios municipales de uso recreativo y turístico, comercios y poblaciones, así como el Parque Costero del Sur, una reserva de biosfera, declarada como tal internacionalmente por MAB/UNESCO (Man and biosphere-hombre y biosfera- de la UNESCO), por la importancia ecológica de su flora y fauna autóctona, representativa del ecosistema natural existente en la ribera del Río de La Plata desde antes de la conquista española.

Con el consecuente daño, los juicios no tardaron en llegar. Las municipalidades de Magdalena y de Berisso iniciaron sus reclamos. Y los vecinos hicieron lo propio en varias causas judiciales. Shell, en tanto, presentó en Capital Federal una demanda contra el propietario del Sea Paraná. El Estado bonaerense, entonces, bajo el mando de Eduardo Duhalde, al igual que el de la Nación, a cargo de Carlos Menem, se abstuvieron de su derecho de litigar: no presentaron demanda alguna, ni hicieron cumplir las leyes 24.051 de la Nación, ni la 11.720 y la 25.612 de disposición de residuos peligrosos, ni la 25.675, promulgada en el año 2002.

Pero las circunstancias del país han hecho posible lo inverosímil. Los primeros problemas, con las causas iniciadas, fueron de la competencia para determinar si la causa debía tratarse en los Tribunales Federales de La Plata o en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; aún hoy la Corte Suprema de Justicia no se expidió al respecto, pese a que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en un substancial fallo de Román Frondizi, determinó la competencia en La Plata, en diciembre de 2003.

El juez en turno en La Plata al momento del ingreso de la primera demanda de la Municipalidad de Magdalena, Ricardo Ferrer, dio unos primeros pasos en materia investigativa. Luego, el magistrado fue filmado con una cámara oculta por la que se lo acusó de cohecho, a raíz de una demanda presentada en otra causa por una empresa de deportes. Su lugar quedó vacante y los litigios por el derrame del petróleo quedaron en manos del Juzgado Federal Nro. 4, a cargo de su colega Julio César Miralles. Allí se encuentran las causas junto a otros 140 mil expedientes, de los cuales 35 mil se tramitan en la secretaría Once, donde actualmente se gestionan los juicios del petróleo con la suerte conocida.

Pero como todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa entre tragedias, el tiempo pasó y los problemas propios del país presentaron nuevas trabas a las causas seguidas contra la petrolera: en diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, confiscó los ahorros bancarios, la medida fue confirmada luego por quien sería presidente electo por asamblea legislativa de los argentinos, Eduardo Duhalde, y comenzaron a llover juicios contra el llamado "corralito financiero". El sistema judicial colapsó y todas las causas por el derrame del petróleo, al igual que otras de juicios comunes, quedaron relegadas.

Aunque la Secretaría Once, a cargo de Gustavo Del Blanco, del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, se excusó durante esas primeras semanas de diciembre de 2001 de recibir demandas contra el "corralito", con el correr de los meses el organismo judicial a cargo de Miralles quedó comprometido en una investigación sobre presuntas irregularidades en y para supuestas facilidades a estudios jurídicos "amigos", para "sacar" amparos en plazos escandalosamente cortos comparándolos con los amparos en general.

De ese juzgado y de la secretaria de Del Blanco surgió, sin embargo, la única resolución de la Justicia argentina al respecto; un fallo considerado como "uno de los más importantes en materia de medio ambiente", en el que la empresa petrolera fue condenada "a disponer adecuadamente sus residuos de hidrocarburos abandonados en las costas, sedimentos y ecosistemas de la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, conforme el régimen de la ley 11.720". El fallo, que no contempla resarcimiento económico alguno, fue apelado por la empresa demandada, dueña del petróleo que se derramó.

Otra de las causas en la que actúan más de 500 vecinos de Magdalena, no ha podido ser notificada aún a Shell, producto de las suspensiones de términos que han sufrido los juicios, tanto por la inusual demora en las resoluciones judiciales que permitirían su activación, como por las suspensiones ordenadas por la Corte de la Nación luego de la avalancha de los juicios por el ya mencionado "corralito".

Aunque Shell nunca fue notificada formalmente, las fuentes consultadas no dudan de que la empresa sabe de la existencia del reclamo, desde que la demanda fue presentada en la mañana del 27 de diciembre de 2000. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal con sede en La Plata estudia en estos días, frente a la reiterada petición de los letrados intervinientes, si levanta o no la suspensión del proceso y ordena o no dar "traslado de la demanda" a la empresa Shell, por lo que después de casi 4 años, si la Justicia federal platense hiciera lugar a la solicitud de las más de 500 personas, Shell recibiría formalmente el reclamo.

Atrás quedaron los rudimentarios, insuficientes y perjudiciales trabajos de recuperación de las costas, que finalizaron a los cuarenta días del derrame. Atrás quedaron, olvidados por Shell, por la Justicia y por el Estado, los voluntarios -todas personas del pueblo de Magdalena- que trabajaron y cobraron diariamente de la empresa entre 20 y 30 pesos, sin recibos ni contratos de trabajo alguno, ni aportes ni obras sociales, ni vestimenta adecuada; incluido una veintena de menores de edad, uno de ellos de apenas 14 años, quienes trabajaron con sus propias ropas: la mayoría, en pleno verano, con trajes de baño y sin siquiera un par de zapatillas.

La situación bien puede ser más que gráfica sobre cómo se hicieron las cosas, y cómo se deberían haber hecho: el equipo de protección recomendado por las normas internacionales para los llamados "voluntarios totales", que se encuentran expuestos al contacto directo con el petróleo, es de máscaras con filtros para gases y vapores orgánicos, que se pueden reciclar, pero es imprescindible cambiarles diariamente el filtro para que sigan siendo efectivas; guantes de limpieza fuertes, no de latex, con otros guantes finos de hilo debajo, para el sudor; gafas protectoras; mono blanco desechable; botas que deben colocarse por dentro del traje blanco y del traje de agua para facilitar después la limpieza y descontaminación; y traje de agua de dos piezas.

Las recomendaciones internacionales, utilizadas en el caso del Prestige, en España, por dar un ejemplo de la seriedad con que se tratan este tipo de accidentes en otros sitios, aclaran que, una vez vestido completamente el voluntario, es necesario precintar con cinta de embalar muñecas y tobillos, pegando el traje de agua a los guantes y a las botas de forma que quede estanco. Tal es la diferencia entre el equipo que debió ser proveído y el que se utilizó en el derrame de Magdalena.

En el caso que nos ocupa, los jóvenes trabajaron para la petrolera en la limpieza de la costa con la vestimenta típica que utilizaban cuando iban a la playa limpia de petróleo. La misma ropa que aquí se usa para jugar un partido de fútbol entre amigos. El tiempo pasa y, más allá de seguir sumando intereses a los reclamos, los ciudadanos argentinos no encuentran respuesta alguna para situaciones que en los llamados países del primer mundo revisten gravedad política e institucional para los gobiernos.

La gente sobrevive sorprendida, luego de más de cinco años, porque en Magdalena no se hicieron presentes ni trabajaron entes de defensa ambiental. Sólo resta señalar que, como dijo uno de los jóvenes voluntarios, "nadie nos pidió permiso para destruir nuestras costas con petróleo, y tampoco nos pide permiso la Justicia para ignorar nuestros reclamos. Lamentablemente no quieren darse cuenta de que nosotros vivíamos del río y de su costa, y que este problema está llevando a un pueblo entero a la desesperación, porque tenemos una cantidad insólita de casos de cáncer, de problemas de ‘virus’, de depresiones, y muchas otras cuestiones de salud", como unas manchas rojas que han comenzado a aparecer en la piel de quienes trabajaron en la costa.

Derrame de petróleo en Magdalena
La Cámara Federal analiza un millonario
embargo a Shell
[ANPRESS]

LA PLATA, 02 DIC.- El planteo de competencia que mantiene trabadas las 70 demandas radicadas por cientos de vecinos de la localidad de Magdalena contra la empresa Shell, a raíz del derrame de petróleo producido en 1999 tras el choque de un buque perteneciente a esa multinacional contra otro de bandera alemana, es analizado por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, informaron hoy fuentes judiciales.

Voceros allegados a la presidencia de esa Sala -a cargo del Dr. Román Frondizi- indicaron a ANPRESS que la causa tomó un nuevo impulso luego de que un grupo de vecinos interpusiera, en los últimos días, una medida cautelar solicitando el embargo de la petrolera Shell por un monto de mil millones de pesos, ante las firmes sospechas de que la empresa podría liquidar todos sus bienes en el país.

"Este nuevo incidente lo hemos presentado con argumentos desesperados. Pasaron casi seis años desde que los dos buques colisionaron en el Río de La Plata, frente a las costas de Magdalena. Y todavía la Justicia no ha resuelto. Mientras tanto, el daño ambiental crece, el dinero para reparar las costas no aparece y la gente continúa con gravísimos problemas de salud", indicó la doctora Mirta Oliver, representante legal de más de 500 vecinos.

"En la medida cautelar, los pobladores de Magdalena piden el embargo sobre el capital de la empresa en Argentina, porque se estarían liquidando sus acciones", aseveró Oliver. Todas las causas por daños y perjuicios, junto al reciente pedido de embargo, son tramitadas ante el Juzgado en lo Federal n° 4 de esta capital a cargo de Julio César Miralles. Sin embargo, la empresa Shell planteó un recurso de nulidad y competencia ante la Cámara con la pretensión de que los expedientes pasen a la órbita de la Capital Federal. Un vocero del Juzgado a cargo de Miralles señaló a esta agencia que "mientras la Sala II no se expida sobre qué juez es competente, no se podrá dictar ninguna resolución".

Esa información fue confirmada hoy por la doctora Laura Domínguez Guidi, quien junto a Oliver y otros letrados especializados en medio ambiente, patrocina a los numerosos damnificados. "La Cámara Federal debe resolver sobre la jurisdicción. Shell pretende que la Justicia de Capital Federal arrastre a los 70 expedientes. Y es porque allí tramita la causa penal del choque de los buques y la causa civil por abordaje", explicó la abogada ambientalista. La letrada denunció que en la zona "hay vecinos que han tenido cáncer linfático, problemas en la piel y hasta pérdida de la visión, y hay casos de bebés con enfermedades virósicas desconocidas".

Oliver, en tanto, reconoció que en el hospital municipal de Madgalena no hay un registro que vincule estos casos con el derrame de 1999, pero la gente del lugar asegura que el aumento de estas enfermedades es "inusual", y las vincula directamente con ese desastre. La abogada detalló que en las tareas de limpieza que se hicieron en las playas afectadas del municipio, por orden judicial, la empresa "utilizó 16 menores". Oliver aseguró que las prendas utilizadas por los menores, que quedaron empetroladas, fueron entregadas a la Justicia para que sean empleadas como prueba.

Entre las 70 demandas por daños y perjuicios se encuentra la efectuada por el Municipio de Magdalena por la limpieza del lugar, a un costo calculado en 35 millones de pesos. La intendencia pidió una compensación por los daños al ambiente pero también por las consecuencias económicas de la catástrofe, que incluyó el perjuicio causado por la inactividad de los junqueros, que no pudieron trabajar más.

En noviembre de 2002, el juez Miralles ordenó a Shell que realizara tareas de reparación del medio ambiente en las costas de Magdalena. El magistrado encontró a la empresa responsable del derrame en el Río de la Plata y responsabilizó a la firma de no haber cumplido debidamente con las tareas de saneamiento. Según ese fallo, la petrolera no realizó una correcta limpieza de las playas, abandonando una importante cantidad de petróleo en las costas, lo que afectó así la fauna, la vegetación y el normal desarrollo del ambiente.

Un año después, la Cámara Federal Penal de La Plata desestimó un pedido de las autoridades de la empresa Shell de no recibir procesamiento por el derrame de petróleo. La Cámara sostuvo que "los distintos peritajes demostraron de un modo fehaciente la existencia de un fuerte proceso de contaminación con hidrocarburos provenientes de un barco de Shell". Sin embargo, la petrolera presentó, también, un planteo de competencia ante la Sala II de la Cámara, el cual espera respuesta, al igual que el resto de las millonarias demandas por daños y perjuicios. [ANPRESS].

Derrame de petróleo en Magdalena
Ampliación - El juez Miralles rechazó un millonario embargo contra la empresa Shell
[ANPRESS]

LA PLATA, 03 DIC.- La justicia federal de La Plata desestimó hoy la medida cautelar presentada por un grupo de vecinos de Magdalena, en la que se solicitaba un embargo de mil millones de pesos contra la empresa Shell.

El recurso fue presentado por 500 vecinos de la localidad costera, en el marco de la causa que investiga el derrame de petróleo ocurrido en enero de 1999, como consecuencia de la colisión del buque Estrella Pampeana, que transportaba el hidrocarburo, con el carguero Sea Paraná, de bandera alemana.

Los abogados del grupo de vecinos habían solicitado, a través de una medida cautelar, el embargo de bienes de la empresa Shell Capsa (Compañía Argentina de Petróleo SA) por mil millones de pesos.

El juez Julio César Miralles, a cargo del juzgado Federal Nro. 4 de La Plata, siguió el criterio aplicado por la Sala II de la Cámara Federal de esta ciudad, ante una medida cautelar similar presentada por la Municipalidad de Magdalena durante el mes pasado, que también fue rechazada; en aquella oportunidad con los votos de los jueces Román Frondizi y Leopoldo Schiffrin.

Los abogados que patrocinan a los damnificados ya anunciaron que apelarán la revocatoria del recurso ante la Cámara. Entienden que cualquier magistrado podría haber adoptado la resolución de embargar los bienes de Shell, ya que la ley indica que cualquier Juez puede dictar una medida cautelar de este tipo en materia de medio ambiente, porque su protección tiene prioridad.

"El secretario del juzgado 4, el Dr. Gustavo Del Blanco, comunicó la resolución del juez Miralles, por lo que durante el transcurso de esta misma tarde comenzaremos a redactar el recurso de apelación; atacaremos el dictamen de Miralles ante la Cámara", señaló a ANPRESS, Cecilia Cobeñas, integrante del estudio jurídico que representa a los 500 vecinos de Magdalena.