Retenciones sí: a los grandes terratenientes y pools sojeros, diferenciando a los pequeños productores

Las formas que va tomando el "paro agropecuario" generan distintas lecturas, según los intereses económicos y políticos que se expresan. Las voces más escuchadas son las de la Sociedad Rural Argentina y el Diario La Nación, que plantean falsamente el problema de "la expoliación del interior productivo" por parte de centros urbanos parásitos; por su parte, también se hace oír el gobierno, que juega a presentarse como defensor de los intereses de la sociedad. Todos: gobierno, entidades de grandes productores, medios de comunicación, hablan del "campo" ignorando a los millones de campesinos pobres, desplazados de sus tierras, perseguidos, arruinados por el desmonte sin control, la explotación minera y el modelo sojero. Como si las intensas luchas en defensa de la tierra y de la cultura ancestral que se expresa en el interior profundo de nuestra patria no existieran, ignoran las fuertes luchas y denuncias que por años vienen desarrollando las organizaciones que integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), como el Mocase de Santiago del Estero, o los movimientos de Córdoba, Mendoza y Salta. Por fuera de la disputa gobierno-"campo", ante esa realidad de exclusión, marginación y explotación en el campo expresamos nuestra principal solidaridad.

La política de sojización

Respecto al conflicto de intereses que se presenta durante estos días, lo primero que hay que decir es que entre el gobierno y los grupos mas concentrados de la actividad agropecuaria hay acuerdos básicos: reducir la actividad agropecuaria a los "agronegocios", decisión que favorece la concentración del capital y arruina a los pequeños productores. La política de los "agronegocios" tiene como principales ganadores a los proveedores de insumos (semillas fertilizantes, herbicidas) sector que esta fuertemente concentrado, cartelizado y trasnacionalizado, y a los frigoríficos exportadores, todos de propiedad extranjera. Quienes desde hace años se han llevado la parte del león de los agronegocios no han sido sustancialmente afectados por medidas económicas y gozan de los beneficios de una estructura impositiva regresiva que se centra en gravar el consumo y la producción, pero no a la ganancia.

Con el aumento de las retenciones a la importación, el gobierno busca quedarse con una mayor porción de la torta, sin cuestionar ni modificar una lógica que ha impulsado durante los cuatro años de anteriores, teniendo en sus manos herramientas que le permitían orientar la actividad agropecuaria hacia la producción de alimentos'. En ese contexto, la soja desplazó a las verduras y a la producción de cereales y de carne; destruyó rodeos y majadas, liquidó a medianos y pequeños propietarios rurales que alquilaban campos para mantener sus rodeos, destruyó bosques, desalojó a miles de familias campesinas poseedoras. La política de retenciones a la producción agropecuaria es socialmente justificable, si se la integra a una política impositiva progresiva, que alivie a los que menos tienen y grave a los más ricos. Esto no sucede en el país. Por eso, sería necio desconocer, aún en medio de los planteos de las asociaciones rurales oligárquicas, la legitimidad del reclamo sobre el carácter confiscatorio de las retenciones que plantean los pequeños productores. En una situación muy compleja y tergiversada por discursos engañosos, se han desarrollado estos paros agropecuarios y cortes de ruta donde los pequeños productores han puesto el número e impulsado las acciones mas radicalizadas; mientras las instituciones más conservadoras han puesto el discurso, los paños fríos e incluso la denuncia sobre posibles infiltraciones, frente a acciones que no pueden controlar.

¿Para qué usa el Gobierno las retenciones, el superávit fiscal y las reservas millonarias? ¿Quién es quién en este conflicto?

En los barrios humildes y poblaciones marginadas donde hace estragos la exclusión social estructural, y en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras que seguimos por debajo de la línea de pobreza, esta disputa genera el escepticismo de saber que ambos bandos: el gobierno y "el campo", juegan su propio juego al margen de nuestros intereses.

Piquetes de pequeños productores pero también de "4x4", generan lecturas que confunden a algunos y hacen compleja la interpretación política de esta coyuntura. Ante esto, apelamos a un método de análisis sencillo y efectivo: nos preguntamos quiénes en este conflicto expresan a "sectores populares" y quiénes a intereses antagónicos. Entonces leemos, en el campo en nuestro país, la presencia de pequeños campesinos excluidos que defienden su tierra y su cultura, agrupados principalmente en el MNCI, como señalamos; reconocemos que pequeños productores nucleados en la FAA defienden su derecho al trabajo contra una propuesta impositiva de parte del gobierno que no discrimina entre grandes terratenientes y pequeños productores, lo mismo que comerciantes y cuentapropistas que en los pueblos dependen de la economía generada en torno al campo.

Del otro lado, vemos a las entidades oligárquicas que, como lo hicieron históricamente, defienden sus privilegios sin importarle nada más; vemos al gobierno que, aunque decidido a sostener la disputa por el porcentaje de las retenciones con estas entidades "del campo", no sólo no cuestiona el modelo en que se sustenta la explotación agropecuaria, sino que hace de este modelo su principal vía de recaudación, ignorando cualquier perspectiva de reformar las reglas de juego respecto a la tenencia, concentración y uso de las tierras productivas en nuestro país (¡ni hablar de una Reforma Agraria!). Ignorando también cualquier tipo de propuesta de redistribución de la riqueza, que resultaría posible si se involucrara al pueblo en la discusión sobre el destino de retenciones, superávit y reservas millonarias. Completan el cuadro de quienes expresan intereses "antagónicos" al pueblo, la derecha política y comunicacional, dedicada a generar análisis alarmistas y a desgastar al gobierno en esta pulseada interna entre quienes disputan sus intereses al margen de la realidad de los trabajadores y el pueblo. El rol disciplinador y patotero jugado nuevamente por la burocracia sindical de la CGT, con la complicidad del gobierno, y la inicialmente negada y luego confirmada presencia de la gendarmería en Santa Fe, reeditan las limitantes del discurso oficial.

Hecha esta lectura general, es cierto que los medianos y pequeños productores de la Federación Agraria Argentina, decidieron confluir en la protesta con los grandes sojeros asociados a las oligarquías del campo. Esta no es la única confusión: entusiasmados con una situación en la que se le "pega al gobierno" y en función de cierto dogmatismo ideológico, expresiones importantes del campo popular, como la maoísta Corriente Clasista y Combativa, o dirigentes mediáticos como Raúl Castells, saludaron sin medias tintas la "rebelión agraria contra el gobierno"… Humildemente, desde el FPDS creemos erróneos esos posicionamientos, y si bien es necesario enfrentar las políticas de éste gobierno que no apuntan a resolver las necesidades populares, no será aliándose a las oligarquías terratenientes la forma de generar consensos y acompañamiento popular.

Desde el Frente Popular Darío Santillán proponemos una amplia unidad de todos los sectores populares que son víctimas de este modelo económico que incluye la política de agronegocios y que es continuidad del neoliberalismo. Propugnamos un proyecto de país basado en la justa distribución y socialización de las riquezas, que incluya una reforma agraria integral y garantice tierras, trabajo y soberanía alimentaria para todo el pueblo, basado en el protagonismo popular; en la de defensa de nuestros bienes naturales.