06/06/2008
Agrocombustibles y derecho a la alimentación
en América Latina
Con el apoyo de la Embajada de Venezuela se publicó en
Holanda el libro editado por Beatriz Martínez Ruiz, que
reune a varios autores alrededor de la candente temática
del uso de la tierra para producir combustibles en lugar de alimentos.
Se transcribe la Introdución.
Introducción
Enéias da Rosa y Juan Carlos Morales
González *
La expansión de los agrocombustibles se ha convertido
en una cuestión central y de alta importancia en el debate
internacional. Entre las justifi caciones utilizadas para impulsar
dicha expansión suelen mencionarse el crecimiento de
la economía mundial con exigencias energéticas
cada vez mayores (sobre todo en países emergentes que
entran en la rueda de los grandes países consumidores
de energía); la disminución de las reservas de
combustibles fósiles no renovables y sus altos costos
fi nancieros y políticos (tanto para su extracción
como para el control del petróleo y sus derivados); y
toda la agenda relacionada con el debate sobre la crisis climática
y el calentamiento global, asunto éste que no es ninguna
novedad, pues es una problemática ampliamente discutida
desde al menos hace quince años (ECO 92).
A sabiendas de que el tema de los agrocombustibles es cada
vez más un asunto global, a escala regional –como
es el caso de América Latina– los desafíos,
interrogantes y problemas a los que se enfrentan las sociedades
tienen que ver con cuestiones referentes a las políticas
y los modelos de desarrollo, a si la implementación de
la dinámica de los agrocombustibles es resultado o no
de una decisión democrática al interior de nuestros
pueblos, y a si dicho desarrollo no es atentatorio a los derechos
humanos de los individuos y las comunidades.
Con ese propósito, FIAN Internacional, en conjunto con
sus secciones en América Latina y algunas otras organizaciones
continentales articuladas alrededor del seguimiento al derecho
humano a la alimentación, intenta con esta publicación
hacer una lectura de los impactos, riesgos y violaciones que
viene ocasionando el avance de los agrocombustibles al derecho
humano a la alimentación adecuada (DHAA) de nuestro pueblos.
En ese sentido, el primer capítulo aborda de manera
amplia las razones que impulsaron el avance de los agrocombustibles
como supuesta salida alternativa a la crisis energética
mundial. Refl exiona, además, sobre el signifi cado y
los riesgos derivados de transformar la agricultura –que
siempre fue fuente de energía biológica para los
seres humanos gracias al consumo de alimentos– en fuente
energética ‘alternativa’ a la utilización
de combustibles de origen fósil, sin tener en cuenta
que buena parte de la crisis se fundamenta en un patrón
de consumo cada vez más voraz, social y ecológicamente
insostenible. También se pregunta quiénes son
los actores principales de la dinámica expansiva de los
agrocombustibles, enfatizando que sigue una lógica de
fuerza que benefi cia, principalmente, a ciertos sectores muy
poderosos.
El segundo capítulo trata de forma directa el impacto
causado por la expansión de los agrocombustibles sobre
el DHAA, y resalta la preocupación que genera el que
dicha actividad compita con los alimentos destinados para consumo
humano y animal, e incremente las ya vergonzosas cifras del
hambre mundial. En este capítulo también se insiste
en que los Estados deben cumplir con los pactos de los que son
signatarios, principalmente el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que conmina
a los Estados a cumplir con obligaciones relativas, entre otros
derechos, a la garantía y defensa del DHAA. En ese sentido,
los Estados deben adoptar políticas y acciones que garanticen
efectivamente el derecho a la alimentación al tiempo
que, junto con la defensa de los demás DESC, se promueva
la defensa de la soberanía de los pueblos ante intereses
de grandes bloques económicos que impulsan, como sucede
con los agrocombustibles, iniciativas explotadoras y violadoras
de derechos. También se recuerda que es responsabilidad
de los Estados debatir de forma amplia y democrática
con la sociedad civil la viabilidad de dichas iniciativas, teniendo
en cuenta los intereses nacionales y en correspondencia con
la voluntad de los diferentes pueblos y comunidades.
El capítulo llama también la atención
sobre las poblaciones que sufren y pueden llegar a sufrir de
forma más contundente los efectos de la expansión
de los agrocombustibles. Se enfatiza especialmente el hecho
de que hoy por lo menos un 75% de la población más
pobre del mundo vive en el campo y depende total o parcialmente
de la agricultura y de los recursos naturales para garantizar
su derecho a la alimentación. Éstas serán
las poblaciones que deberán sufrir los impactos más
directos de la expansión de los agrocombustibles. Teniendo
en cuenta, además, que el otro 25% de la población
pobre del mundo vive en áreas urbanas y sufre violaciones
de su derecho a la alimentación por el hecho de no poder
acceder a sus alimentos en cantidad sufi ciente y adecuada,
su situación de hambre podría agravarse –como
las semanas recientes lo han demostrado a lo largo y ancho del
planeta– con los incrementos en el precio de los alimentos
a consecuencia de la fiebre de los agrocombustibles.
Los siguientes cuatro capítulos intentan llamar la atención
sobre varios casos de violaciones al derecho a la alimentación
que han acompañado a la expansión regional de
los agrocombustibles. Las realidades bosquejadas se desarrollan
en Brasil, Paraguay, Colombia y Ecuador, y reflejan el escenario
de desarrollo normativo de los agrocombustibles en cada país
y algunas de las violaciones a los derechos humanos ya constatadas,
especialmente en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación.
El caso de Brasil parte de una reflexión sobre el papel
que el país adoptó y que viene poniendo en práctica
en lo que se refiere a la expansión de los agrocombustibles
en el ámbito nacional y mundial. Reflexiona rápidamente
sobre los factores de orden territorial y climático,
político-económico y tecnológico que han
llevado al Brasil a expandir los monocultivos –sobre todo
de soya y caña de azúcar– de forma extensiva
en los últimos años. También profundiza
en la fuerte apuesta del Estado brasileño en inversiones
públicas conjugadas con iniciativas privadas, desde una
perspectiva de expansión masiva de los agrocombustibles
en el país y en consonancia con una agenda en la cual
los agrocombustibles son pilares de una matriz energética
concebida tanto para el consumo interno como para la exportación.
Resalta también los impactos ya vividos y los riesgos
que esta apuesta generará desde el punto de vista de
la violación de derechos, tales como la alta concentración
de las tierras y el aumento de su precio, la degradación
del trabajo por causa de la agricultura extensiva y el monocultivo,
y la escasez y aumento de precios de los alimentos en el país.
Finalmente, denuncia la situación degradante y violatoria
de los derechos más elementales de los trabajadores cañeros
en el estado de São Paulo, epicentro del etanol en el
mundo.
El caso de Paraguay aborda inicialmente el estímulo
a la concentración de la tierra y de la expansión
del agronegocio en los últimos años, y sus resultados
directos sobre la pequeña propiedad y las familias campesinas,
las cuales sufren por la falta de tierra para producir y garantizar
su DHAA. Dentro de este escenario, desde 1999 el Gobierno paraguayo
viene incentivando a través de decretos, leyes y resoluciones,
el avance de los agrocombustibles en el país. La base
de los agrocombustibles en Paraguay está vinculada a
la expansión de la caña de azúcar, la cual
se viene dando a un ritmo bastante rápido y está
volviendo al país casi autosuficiente para el consumo
interno. En lo que se refiere al agrodiésel, no hay grandes
adelantos en el sector y su producción se concentra actualmente
en la grasa bovina, aunque puede ser incrementada a corto plazo
por la soya, que también se está expandiendo rápidamente
en el país. Dentro del escenario presentado, el Estado
paraguayo ha sido frágil en su capacidad de apoyo a las
iniciativas que fortalezcan la pequeña propiedad, y está
favoreciendo, más bien, la actividad agroexportadora
y ampliando las amenazas sobre las tierras de los pequeños
agricultores y la producción de alimentos. En consecuencia
se genera la pérdida de la soberanía del país,
y se modifica o extiende la frontera agrícola hacia áreas
de bosques y selvas nativas, lo cual genera serios problemas
en los ecosistemas.
El caso de Colombia pone de manifiesto la complejidad que caracteriza
el desarrollo de las políticas favorables a la expansión
de los agrocombustibles, las cuales son cónsonas con
los intereses de la elite nacional, de los diferentes sectores
agroindustriales e inclusive del crimen organizado. El caso
específico de Bajo Atrato, en la región pacífica
de Colombia, muestra que el cultivo de palma para la producción
de agrodiésel ha ocasionado daños al medio ambiente,
violaciones al derecho a la vida (a través de desplazamientos,
desapariciones, masacres, asesinatos selectivos de dirigentes
comunitarios) y a la alimentación de las poblaciones
indígenas y afrodescendientes. La situación ha
sido tan grave que la propia Corte Interamericana de Derechos
Humanos ya se pronunció al respecto sin que, hasta ahora,
el Gobierno colombiano haya impulsado cambios o se haya revertido
la expropiación de tierras y recursos, y las violaciones
de los derechos humanos de las que son víctimas las comunidades
de la región.
El capítulo sobre Ecuador muestra que la llegada de
los agrocombustibles toma fuerza en 2004, año en el que
se crea un Consejo Consultivo de Biocombustibles. Este consejo
se fortalece en 2007 con poderes para definir políticas,
planes y programas relacionados con los agrocombustibles, al
mismo tiempo que el Congreso Nacional emite una ley que otorga
a los productores agrícolas incentivos para producirlos.
En este armazón legal se prevén estudios de impacto
para el avance de la producción de agrocombustibles y
se persigue el objetivo de desarrollar la agroindustria para
garantizar, supuestamente, la soberanía energética
del país. Según datos y previsiones, este escenario
desencadenará en el período que sigue un reforzamiento
enorme de la producción de agrodiésel y etanol,
y fortalecerá el fomento de la palma africana y de la
caña de azúcar. Para desarrollar esta actividad
se necesita tierra, agua y energía eléctrica,
y es allí donde entra el caso del proyecto de represa
Baba, situada en la provincia de Los Ríos, que es parte
de una de las regiones más productivas del Ecuador. En
contra de los derechos de los pueblos y comunidades de esta
región, el Gobierno ecuatoriano, en cooperación
con la empresa transnacional Odebrecht, pretende llevar adelante
el proyecto Baba y, así, consolidar acciones ligadas
al plan sobre expansión de agrocombustibles y seguramente
también el control del agua en la región. El proyecto
agravará la situación de concentración
de tierras y de agua con el fin específico de producir
combustibles en detrimento de la producción de alimentos,
causando violaciones del derecho a la alimentación de
las poblaciones que habitan allí y que, seguramente,
tendrán que dejar sus tierras para aglomerarse, como
siempre, en los centros urbanos sin alternativa de producción
de alimentos.
A modo de conclusión, el capítulo final se esfuerza
en hacer algunas consideraciones –y recomendaciones–
sobre la cuestión de los agrocombustibles, entendiendo
que con su advenimiento no se va solucionar el problema del
hambre en el mundo; por el contrario, se constituye en una dinámica
que en nuestros países propicia la violación del
DHAA.
Así las cosas, esta publicación sirve de excusa
no sólo para reflexionar en torno a las problemáticas
asociadas con los agrocombustibles, sino también para
inquirir sobre el modelo de desarrollo que se nos ha impuesto
y el modelo que queremos, el verdadero papel que desempeñan
los Estados y Gobiernos que nos rigen, las prácticas
democráticas que se nos dice disfrutamos o queremos defender
o construir, y el estado actual de los derechos humanos de nuestros
pueblos y comunidades.
* Enéias da Rosa es secretario general de
FIAN Brasil. Juan Carlos Morales González es secretario
técnico de la Campaña Nacional por el Derecho
a la Alimentación – Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo. Correo electrónico:
porderechoalimentacion@gmail.com
Buscar en el sitio
