El ex presidente Duhalde -desde la República de El Salvador-
ha difundido la información de que el gobierno argentino
“humilla a sus fuerzas armadas” al propiciar la
continuidad de los juicios que permitan individualizar a los
responsables del planeamiento y ejecución de los aberrantes
delitos que configuraron el terrorismo de estado durante la
última dictadura militar. Con esta manifestación
pone en evidencia:
1 - Que no conoce el actual sentir de las fuerzas armadas
de la democracia, que consideran muy favorable que al fin se
esclarezca quienes fueron culpables de delitos aberrantes, que
ellos reciban las sanciones que las leyes de la República
determinan y que el resto de sus integrantes queden libres de
toda sospecha y hayan recuperado la admiración y respeto
de la ciudadanía a las fuerzas que San Martín
instruyó aferradas a su ejemplar Código de Conducta.
2 - Que sus declaraciones parecen querer involucrar a miembros
de las fuerzas armadas, como amenaza velada, al clima destituyente
que algunos sectores de diversas entidades del acontecer del
país intentan crear y del que los actuales miembros de
las organizaciones castrenses son totalmente ajenos. Pareciera
que los contactos ”militares” que al parecer de
Duhalde se sienten agraviados, son militares retirados, dados
de baja o actualmente procesados que tratan de evitar la acción
de la justicia y a los cuales cualquier “amenaza destituyente”
los libraría del necesario peso de la justicia.
3 - Que parece ignorar que en El Salvador se han realizado
y realizan juicios similares a los que se efectúan en
nuestro país y en los cuales integrantes del CEMIDA han
efectuado peritajes militares al servicio de la justicia. Más
aún, en la actualidad se ha reabierto el juicio para
completar la investigación de los responsables de los
asesinatos de 6 sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas ocurridos
en la Universidad Católica de El Salvador , donde ya
se condenaron a los ejecutores materiales y ahora se investiga
judicialmente a los instigadores y encubridores, incluyendo
en esas responsabilidades hasta al Presidente de la República
en ese momento. Uno tiene el derecho a pensar, dado lo insólito
de sus manifestaciones, si el declarante no se está “curando
en salud”, ya que aún no se han terminado de investigar
sus responsabilidades en los asesinatos de Darío Santillán
y Maximiliano Kosteki ocurridos durante su presidencia.
4 - Que expresamos nuestro repudio a lo que ha expresado ya que
esta persona no tiene la menor entidad para constituirse en vocero
de lo qué sienten los integrantes de las fuerzas, a las
que pretende involucrar en contiendas políticas de las
que definitivamente se han alejado para el bien de nuestra patria
y para ejemplo de sus pares mundiales.
Coronel (R) JOSE LUIS GARCIA
Secretario General
Coronel (R) HORACIO P. BALLESTER
Presidente