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21/07/2010
El juicio oral a Macri – parte I
Por Alfredo Roberti

En el marco de la causa en la que se investigan intervenciones telefónicas presuntamente realizadas por un aparato de inteligencia amparado por el Jefe de Gobierno, la estrategia defensiva de Mauricio Macri y el PRO se basa en tres premisas.

1. Desacreditar el fallo unánime de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que dictó su procesamiento (“un mamarracho jurídico”);

2. Arrojar dudas sobre la honorabilidad de los magistrados intervinientes (JORGE L. BALLESTERO, EDUARDO R. FREILER, EDUARDO G.FARAH).

3.Responsabilizar a Néstor Kirchner de intervenir para direccionar las sentencias (En conferencia de prensa, el Jefe de Gabinete de Macri vociferó: “No nos van a parar”. “Se lo digo a usted señor Kirchner que nos debe estar viendo”).

El valor de los testimonios

El único análisis sobre el contenido del fallo realizado hasta ahora por funcionarios y legisladores del PRO es que éste incluye declaraciones testimoniales de opositores a Macri, como es el caso de la legisladora Gabriela Cerruti, y el adversario en el Club Boca Juniors, Roberto Digón.

Sin embargo, esos testimonios resultan mucho más verosímiles que los utilizados semanas atrás por el propio Macri para impugnar a Oyarbide. El ahora procesado Jefe de Gobierno lo denunció por presunto mal desempeño en base a declaraciones del ex senador Héctor Maya, quien aseguró haber tenido una conversación con el juez en un restaurante de Puerto Madero a fines del año pasado en la que Oyarbide le habría confiado que se iba a «llevar puesto» a Macri.

Gabriela Cerruti prestó testimonio en la causa aportando abundantes datos corroborables en torno a la conexión misionera de Macri, una distancia conceptual enorme si se la compara con los dichos de un único testigo de una sola “conversación” en una fecha indeterminada y en un restaurante no revelado.

Las declaraciones de Cerruti se inscriben en el marco de los inicios políticos de Macri quien pensó en su momento presentarse como senador por Misiones, de la mano de su amigo, el ex gobernador de la provincia Ramón Puerta. Entre otros contactos logrados en la época que ganaba licitaciones como titular de la empresa Socma, Mauricio Macri emplea actualmente como presidente de la Corporación Buenos Aires Sur y jefe de su campaña política 2011 a Humberto Schiavoni hijo. Humberto Schiavoni padre fue uno de los dos integrantes del jury misionero que votó en contra (hubo otros cinco votos a favor) de la destitución de los ahora ex jueces Rey y Gallardo, quienes fueron procesados por Oyarbide y deberán enfrentar el juicio oral tras el fallo de Cámara. En la página 122 de la sentencia de procesamiento a Macri, Oyarbide transcribe declaraciones de Gabriela Cerruti:

“Asimismo, refirió que el titular de dicha corporación era Humberto Schiavone, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Misiones durante el Gobierno de Puerta.-Agregó igualmente, que la Fiscal que solicitó las escuchas en la causa de Misiones era prima hermana del Gobernador Ramón Puerta, la cual solía frecuentar la plantación del nombrado en la localidad de Apóstoles, llamada “El Cruce”, añadiendo que tanto la Fiscal, como Puerta, son oriundos de dicho lugar.
Por otra parte, sostuvo que el domicilio fijado por MACRI en Misiones era en esa plantación, refiriendo igualmente que MACRI pasó muchos fines de semana en dicho lugar, por lo que no le resultaba extraño que el nombrado conociera a la mencionada Fiscal”.

Sin embargo, la Cámara no involucra a Macri en la conexión misionera, o sea Macri no resulta el jefe de una asociación ilícita conformada para escuchar a adversarios políticos, económicos o familiares. La asociación ilícita sería preexistente y en ella están comprometidos los dos jueces destituidos, Rey y Gallardo, los detenidos ex comisario Palacios y Ciro James y varios policías misioneros.

Dice el fallo de la Cámara:

“A ambos [Rey y Gallardo] se les imputa haber ordenado indebidamente una serie de intervenciones telefónicas –siete hechos se le atribuyen a Rey, y ocho a Gallardo- cuyos antecedentes fueran aquellas requisitorias suscriptas por los efectivos policiales de la Provincia de Misiones y cuya falsedad condujera al procesamiento de Diego G. Guarda, Raúl A. Rojas, David S. Amaral, Antonio C. Fernández y Rubén A. Quintana”

Y agrega:
“Las defensas de los ex magistrados no discuten la materialidad de esas órdenes sino que pretenden demostrar que fueron víctimas de un engaño, en un contexto de división de trabajo donde el juez debía confiar en los informes de la fuerza de seguridad.
La existencia de un contexto de división de trabajo es una premisa correcta que debe ser aceptada. De hecho, al valorar la actividad de los Secretarios, este Tribunal estudió especialmente qué se esperaba de ellos para luego poder discriminar sus responsabilidades. Eso hizo que se revocasen varios procesamientos.
Evidentemente quienes personificaban la jurisdicción eran ambos jueces. Por eso tenían imperio: decidían, daban las órdenes y ellas debían ser cumplidas.”

A esta altura del proceso, la situación judicial de los dos jueces parece más comprometida aun que la de Macri, ya que han sido destituidos de sus cargos y la participación de ambos está ampliamente documentada.

Como dicho, a Macri lo acusan de delitos en relación con las escuchas que habría propiciado sobre su cuñado Leonardo y Sergio Burstein y como miembro de una asociación ilícita. La Cámara lo encontró “coautor penalmente responsable de los delitos previstos en los Arts. 153 (redacción Ley 23.077), 248 y 293, en una oportunidad, en concurso real con el delito previsto en los Arts. 153 incisos 2° y 4° y 293 del código de fondo, en una oportunidad. Asimismo, ambos concurren materialmente con el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, figura prevista en el Art. 210 del Código Penal de la Nación

Macri se habría valido de una banda dedicada al espionaje de la que hasta ahora se ha descubierto la conexión misionera y la pyme de Palacios y Chamorro, Consultora Estrategic Security SRL, “que practicaba averiguaciones a través del sistema NOSIS respecto de varios opositores al proyecto político encabezado por Mauricio Macri”. El hecho de haber utilizado los servicios de una organización preexistente en funcionamiento lo colocan a Macri en la categoría de miembro de esa asociación ilícita, agravado por haber contratado con plata del erario público al principal operador de la misma, el espía Ciro James y nombrado a su jefe, Jorge A. Palacios, como máximo responsable de la flamante Policía Metropolitana.

Más información
El fallo completo de la Cámara Nacional de Apelaciones