En los primeros días de abril, durante la misma semana en que esta Legislatura declaró de interés social la película Paco, la punta del iceber, paradójicamente, el porteño barrio de La Boca fue un trágico protagonista de las páginas policiales por la siniestra muerte de cuatro vecinos involucrados, precisamente, con el consumo y el tráfico del paco.

Todos los medios de prensa se encargaron de aclarar, en sus secciones policiales, que las dos jóvenes asesinadas en la madrugada del martes 6 de abril de 2010 eran conocidas adictas y vendedoras de paco en el barrio y que, por lo tanto, eran repudiadas en el vecindario.
Diferente fue el caso de Javier, un vecino muy conocido también pero por su heroísmo, porque intervino en el trágico incendio del banco ocupado en el mes de enero del año 2009, cuando murieron seis niños. Javier entró, desoyendo las órdenes de los bomberos a rescatar a dos chicos, por lo cual sufrió numerosas quemaduras que cargaba desde hacía quince meses, y de las que se estaba rehabilitando, cuando fue brutalmente acuchillado por el asesino de las hermanas.

Los medios hablaron también de la complicidad policial de la Comisaría 24º, la misma que hace seis años fue tapa de los diarios por su inacción ante el asesinato del dirigente social "Oso" Cisneros, que provocó el posterior copamiento de la comisaría por parte de sus compañeros ante el crimen brutal e impune del dirigente. No es novedad: esa comisaría fue muchas veces señalada como la más corrupta de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sería infantil limitar la corrupción a esta sola comisaría.

El 5 de abril, efectivos de la Comisaría 51º detuvieron sin motivo y apalearon al dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois, con la sospecha de que el hecho fue provocado por su accionar en contra de la trata de personas y las denuncias que encabeza junto al MTE y a La Alameda, respecto de la complicidad policial en la protección de los prostíbulos de la Ciudad.
Como dijera descarnadamente en su libro, El delito urbano en la Argentina, el reconocido penalista de la Universidad de Buenos Aires, Mariano Ciafardini, "las estructuras policiales son usadas como redes recaudadoras tanto de los ingresos provenientes directamente de ilícitos (piratería del asfalto, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, cuatrerismo, etcétera), como del regenteo o concesión de actividades prohibidas, como la prostitución o el juego clandestino, o cobro de cánones, vendiendo extorsivamente protección".

Por eso, cuando desde el Bloque del Partido Socialista apoyamos la creación de la Policía Metropolitana, lo hicimos con la convicción de la ventaja que nos daba el Gobierno Nacional al negarnos el traspaso de la policía que nos correspondía por nuestra autonomía, porque nos estaba dando la posibilidad de refundar nuestra propia policía con nuestros propios valores.

Por eso, el Socialismo estuvo en contra de que la Policía Metropolitana incorporara agentes de otras fuerzas, y por eso bregamos por la sindicalización de los efectivos de la Policía Metropolitana, con la convicción de hay que romper con el modelo de la policía política y militarizada que nos legó la dictadura, y avanzar en un modelo de concepción del efectivo policial como un trabajador de la seguridad.

Pero de lo que no hablaban los medios es de que esas dos chicas, que fueron asesinadas, antes de ser traficantes –efectivamente, en el barrio ya se sabía y los medios así lo citan– fueron adictas.
Se sabe que los chicos de entre 12 y 24 años, después de probar por primera vez el paco, tienen el 75 % de probabilidades de ser adictos y, lamentablemente, nuestra Ciudad no se está ocupando de las adicciones.

En el año 2008, los programas vinculados con la prevención de adicciones fueron ejecutados solamente en un 10 %. En el año 2009, el Programa de Prevención de las Adicciones ejecutó sólo un 14 % del monto que esta Legislatura sancionó y solamente el 50 % del Programa de Asistencia y Recuperación de Personas. Perdimos medio año.

El sur de la Ciudad es la zona que está más expuesta al consumo de drogas y, por ende, al tráfico. Estas redes, estas mafias, con la complicidad policial, utilizan a los jóvenes que caen en la adicción. Son solamente la punta del iceberg del negocio del tráfico de drogas.
El 37 % de los mayores de 25 años del sur de la Ciudad de Buenos Aires, como mucho, ha completado el estudio primario. Ése es su máximo nivel de escolaridad. En el norte de la Ciudad es sólo del 13 %.

Las dos jóvenes asesinadas, antes de ser traficantes, eran adictas. Natalia tenía dos hijos. Afortunadamente, su hija fue rescatada por su abuela, quien tenía la guardia transitoria. Tuve el gusto y la suerte de conocer a su abuela, Sarita, que traía a su nieta a nuestro Centro Socialista, a las clases de apoyo. La pudo rescatar después de batallar, estaba desnutrida y en virtual estado de abandono debido a que su madre estaba consumida por la droga. Y el Estado no hizo nada.

El padre de sus hijos, su suegra y sus hijos, como joven madre, la hubieran preferido sana. Como adicta, la hubieran preferido recuperada; como traficante, la hubieran preferido presa. Pero hoy está muerta. El Estado no actúa, porque no se previenen las adicciones, porque no se contiene a estos jóvenes que no tienen educación ni empleo.

En todo ese trayecto, el Estado se hizo presente sólo para subsidiarle el velatorio y permitir que sus hijos pudieran verla por última vez. Afortunadamente, sus hijos ya no vivían con ella. Por eso pudieron ser salvados: por el coraje de su abuela. Pero el Estado no hizo nada para que esas jóvenes no cayeran en la venta de droga, para que no fueran acuchilladas, para que Javier no fuera acuchillado.
Pido con urgencia que pongamos nuevamente en la agenda de las políticas públicas de la Ciudad el tratamiento de estos adictos, que día a día caen en la drogadicción y en la mafia, no porque ellos quieran, sino porque el propio Estado, con su inacción, los empuja.

* Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires