El 9 de este mes de febrero,
se cumplirán tres meses desde la madrugada de ese mismo
día de noviembre en la que tuvieron lugar los primeros
hechos de violencia en el conflicto que enfrenta a empleados del
casino flotante de Puerto Madero con la patronal.
Los trabajadores del Casino, sin el apoyo de la conducción
del gremio, venían reclamando la reducción de
la jornada laboral por la alta incidencia de enfermedades profesionales
que los aquejan. En la madrugada del 9 de noviembre, A las 5:45
de la mañana mientras los delegados de base estaban comunicando
los avances de la negociación en una asamblea que se
desarrollaba en instalaciones del casino, un grupo de activistas
del SOMU, el sindicato de los obreros marítimos, irrumpió
violentamente en la misma, generándose un violento enfrentamiento.
El día 16 de noviembre la empresa comenzó a enviar
telegramas de despidos a un total de 90 empleados, acusándolos
de ser violentos. Algunos estaban en las instalaciones mientras
se desarrollaban los sucesos, otros debían tomar sus
turnos más tarde y muchos tenían franco ese día.
Días después la jueza federal Servini de Cubría
convalidó la medida. Hay que recordar que el barco casino
está en jurisdicción nacional al estar anclado
en el Puerto de Buenos Aires. El ministerio de Trabajo declaró
la conciliación obligatoria, pero más tarde el
ministro Tomada ratificó los despidos.
El titular del Casino, Cristóbal López, es amigo
del ex presidente Kirchner, durante cuya gobernación
en Santa Cruz, López se inicio como empresario del juego.
“En la última semana de su presidencia, Kirchner
prorrogó por quince años la concesión que
el senador Eduardo Duhalde firmó durante su desempeño
interino en el Poder Ejecutivo, por la que López explota
3.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo de
Palermo y lo autorizó a colocar otras 1.500. También
es llamativa la saturación de policías y prefectos
y el rigor con que persiguen y golpean a los manifestantes”
(Horacio Verbitsky, Página 12/03/08).
López posee
casinos en varias provincias argentinas Es evidente que
lo que está en juego es la merma de ganancias que debería
soportar en caso de que hubieran prosperado los reclamos de
los trabajadores, quienes querían lograr jornadas de
6 horas de cuatro días por semana.
Contra todos los pronósticos, el conflicto se sostiene.
Los trabajadores cuentan con pocos apoyos explícitos,
entre ellos el del Cardenal Bergoglio —quien los visitó
mientras acampaban en la Plazo de Mayo y les permite colgar
sus pancartas en la Catedral— de la Coalición Cívica
de Elisa Carrió y de algunas agrupaciones de izquierda.
Del otro lado están en "evidente complicidad",
según denunciaron delegados de los trabajadores “la
jueza María Servini de Cubría, el Gobierno nacional
y la empresa Casino Puerto Madero”. Tampoco tienen el
respaldo del gremio al que pertenecen, liderado por el diputado
porteño por el macrismo, quien es a la vez secretario
general del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).
"Los trabajadores del Casino nos preguntamos dónde
está Daniel Amoroso", dijo el delegado Pablo Conti,
el jueves último.
Un párrafo aparte merece la Prefectura Nacional, a cuyo
cargo está la seguridad portuaria y por extensión
la del nuevo barrio de Puerto Madero. En primer lugar llama
la atención el despliegue permanente de centenares de
efectivos en zonas aledañas al casino flotante, la mayoría
de los cuales permanecen de pié y en formación.
También las esporádicas irrupciones represivas
que suceden a largos días de calma mientras se mantienen
los cortes de los accesos al casino por parte de los trabajadores
en conflicto (con el consiguiente caos vehicular en la zona).
Y por último, la relativa autonomía con la que
parece actuar esta fuerza. No es menos llamativo el hecho de
que el ministerio de Justicia, a cuya órbita pertenece
desde que Aníbal Fernández es su titular, haya
manifestado no haber dado órdenes de reprimir, pero tampoco
pidiera explicaciones públicas o iniciara sumarios cuando
los uniformados lo hicieron.
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