23/05/2008
El Gobierno de la Ciudad aplicó una
sanción leve a los profesionales que demolieron la Casa
Benoit
Infografía de la ONG Basta
de Demoler. La linea punteada delimita la Casa Benoit
y el mural demolidos.
Por Alfredo Roberti
Suspensión del uso de firmas ante el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 15 años es el
castigo aplicado por el GCBA al arquitecto Federico Luis Witko
y al ingeniero Ángel Esteban Palacios, responsables de
la demolición fraudulenta de los dos inmuebles de la Casa
Benoit y del mural Carnavales de Antaño, del Grupo Muralistas
del Oeste en avenida Independencia y Bolívar. El edificio
Benoit estaba catalogado con nivel de Protección Cautelar
y ubicado en el Área de Protección Histórica
de la Ciudad, en el denominado Casco Histórico de Buenos
Aires. La noticia fue dada a conocer hoy en el sitio web de la
GCBA.
Por si queda alguna duda sobre los alcances de la medida vale
la pena acenturar el carácter administrativo de la resolución:
ni el Arq. Witko, ni el Ing. Palacios podrán, por ejemplo,
solicitar un permiso de obra (algo que no hicieron en el caso
de marras) con su firma, en futuros emprendimientos. La medida
en forma alguna los inhabilita para dirigir obras en la Ciudad
de Buenos Aires y figurar en tal carácter en la cartelería
respectiva.
Habría que estar a la expectativa, en cambio, con la
actitud a tomar por los colegios profesionales de Ingeniería
y Arquitectura. La Dirección General de Registro de Obras
y Catastro anunció que ambas entidades serán informadas,
a fin de que los tribunales de ética y disciplina tomen
nota de lo resuelto.
Por otro lado, las actuaciones se remitirán a la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a
fin de que se apliquen "las multas correspondientes".
En el comunicado de prensa no se aclara que, por la legislación
vigente, esas multas tienen un tope de diez mil pesos.
Por otra parte, la Subsecretaría de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad ha
recomendado excluir del Registro de Demoledores y Excavadores
a la empresa Marcelo Fabián Heredia, que realizó
las tareas de demolición en el inmueble ubicado en la
calle Bolívar 775/77. La resolución se elevará
a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, "a
fin de que evalúe si debe efectuarse la denuncia penal
correspondiente".
En ningún lugar se menciona a la empresa Agro Bolívar,
la firma que según Segio Kernan en Farsa,
protesta y castigos, Página/12, 20 de mayo de 2008,
compró la casa y pidió autorización para
demolerla. Agro Bolívar no es un nombre de fantasía,
como supone el citado articulista. Figura en el Registro Fiscal
de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas
con el número de CUIT 30-70816215-5.
En contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Desarrollo
Urbano, La Urdimbre no pudo obtener precisiones al respecto.
En síntesis, por el lado del Gobierno de la Ciudad no
hay las medidas drásticas anunciadas: los profesionales
involucrados le pedirán a algún colega que firme
por ellos cuando deban realizar un trámite en el GCBA,
la empresa de excavaciones dejará de estar en el registro
respectivo y anotará a un cuñado del dueno como
responsable de la firma, quien se inscribirá como empresa
nueva y podrá realizar otras demoliciones en la Ciudad
de Buenos Aires y en cuanto a la fantasmal firma propietaria
del predio, ésta pagará diez mil pesos de multa.
Juan Pablo Piccardo, el Ministro de de Ambiente y Espacio Público,
anunció semanas atrás que el espacio público
no era negociable. La vice jefa de Gobierno, Gabriela Michetti,
respaldó sus declararaciones. Fue en ocasión del
acampe cartonero en Barracas de Belgrano. Cuando las violación
al espacio público —como es la destrucción
fraudulenta de un bien patrimonial de la Ciudad— la realizan
empresarios y profesionales, ¿no debería el Gobierno
de Mauricio Macri poner el mismo celo protector en preservarlo?
¿No debería al menos iniciar una causa ante la
Justicia como legítimo representante del pueblo damnificado
de la Ciudad de Buenos Aires?
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