La implementación desde el mes de julio de controles viales
de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha despertado
muchas quejas; fundamentalmente desde el ámbito médico
-por el tema de las benzodiazepinas- y desde la sociedad civil,
por una posible mala ejecución del procedimiento.
La asociación civil Luchemos por la Vida -ONG ocupada
en cuestiones de accidentología vial- expresa que “la
Ley de Tránsito vigente no dice que sea impedimento para
conducir el consumo de drogas, sino cuando disminuyan la aptitud
para conducir”; o sea, reclama que no se mida la presencia
o no de droga si no que use el concepto de "deterioro"
para evaluar, como muchos países de Europa. “Resulta
sin sustento legal la afirmación de los funcionarios
de tolerancia cero de cantidad de droga en el organismo, menos
aún en el caso de las drogas legales incluidas en los
medicamentos, donde ningún conductor tiene por qué
saber el contenido de los mismos y resultaría a todas
luces manifiestamente injusto sancionar a un enfermo al volante
por conducir bajo los efectos de una droga contenida en un medicamento
prescripto por un médico, cuando no haya sido advertido
por el profesional sobre sus posibles efectos en la conducción,
algo muy frecuente”.
Las objeciones médicas tienen dos ejes. El primero,
el que la idea de la prohibición o no de manejar bajo
los efectos de un medicamento no debería ser una discusión
social o de seguridad, si no que es sanitaria y pertenece a
la medicina; por lo que si un médico receta en conciencia
de que su paciente puede manejar la ley no debería impedírselo.
El segundo, tiene que ver más con la farmacología
de las benzodiazepinas y sus usos y efectos: Muchas benzodiazepinas
se utilizan en el alivio del dolor y la relajación muscular,
y no producen deterioro en el manejo; personas que sufren ciertas
lesiones o enfermedades crónicas muy dolorosas -y que
manejan perfectamente- se verían obligados o bien a no
conducir o a manejar con dolores (con lo que seguramente serán
mas peligrosos). Por otra parte, en el caso de muchas medicaciones
de benzodiazepinas recetadas en el ámbito de la salud
mental, que tienen que ver con casos -por ejemplo- de tics o
ansiedades contracturantes, es justamente el medicamento el
que permite al paciente manejar; sería mucho mas peligroso
sin él.
Basados en la amplia investigación y experiencias existentes,
y aún sin considerar los dos puntos anteriores -una reglamentación
poco sólida y una determinación de sustancia/dosaje
discutible- podemos afirmar que los controles viales de drogas
en la Ciudad no están siguiendo el curso correcto.
Los instrumentos elegidos para las tomas de muestras no tienen
valor probatorio en ninguna parte del mundo y han sido expresamente
desrecomendados para este rol, utilizándoseles solo como
primer examen; ni un pupilómetro ni un reactivo por saliva
indican de manera absolutamente eficaz la presencia o concentración
de una sustancia en la sangre. Debería instrumentarse
una reglamentación y un procedimiento que contemplara
la realización de un test de confirmación in situ
en caso de positivos, siquiera repitiendo el primer análisis
de saliva. Es inaceptable la aceptación de un positivo
obtenido mediante pruebas realizadas con dispositivos que no
emiten resultados concluyentes.
Si consideramos el costo de cada pupilómetro, estamos
en condiciones de afirmar que, siendo que no dista demasiado
del costo de una camioneta para realizar muestras de orina,
el gobierno debería reconsiderar su plan e instaurar
controles de saliva y orina conjuntos -como en la mayoría
de los países-, que brindarían auténtico
valor legal y científico al procedimiento.
En las condiciones actuales, también es impropio que
la reglamentación obligue a pagar los gastos del análisis
de confirmación al conductor, ya que es muy posible que
aquel que resulte positivo por benzodiazepinas debido a una
medicación -por ejemplo- no tenga conocimiento alguno
de esta condición y honestamente pida una segunda prueba.
Aún cuando mas tarde el juez lo declarara inocente, él
debió correr con los gastos de una confirmación
que debería corresponderle como derecho.
*Directora Unidad de Seguimiento de Políticas
Públicas en Adicciones
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