Por Adrián Camps *

El proyecto de ley 1647-J-2011 presentado por el Poder Ejecutivo de la CABA propone a la Legislatura la aprobación del convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo y la empresa del grupo IRSA, Solares de Santa María S.A. para construir una suerte de Puerto Madero – Nordelta en las 70 hectáreas que conforman lo que debió ser la Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

La historia de ese predio, inicialmente destinado al deporte y al uso público, revela el mayor despojo de tierras efectuado en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto Santa María, prevé la construcción de torres de 160 metros de altura (50 pisos), otras construcciones de mediana y baja densidad, un lago para embarcaciones y canales de acceso al Río de la Plata. En síntesis, un barrio totalmente ajeno a las características edilicias de la Ciudad de Buenos Aires; un barrio para la especulación y el negocio, que en nada satisface la imperiosa necesidad de vivienda de los habitantes de la ciudad y de sus hijos.
Si grave resulta el proyecto en sí mismo, peor es la intención de forzar la voluntad de la Legislatura y la dignidad de sus diputados, pretendiendo que la ley que ratifica el convenio se apruebe en menos de tres meses, audiencia pública incluida, sin modificar una sola palabra del proyecto presentado. Si el 10 de diciembre no está todo aprobado, o se cambia alguno de los términos del acuerdo, éste caducará automáticamente.

Como diputado y miembro de las comisiones de Planeamiento Urbano, Ecología y Protección y Uso del Espacio Público, donde será girado el proyecto, no estoy dispuesto a aceptar presiones de empresarios ni del Poder Ejecutivo; la Constitución de la Ciudad define a nuestras instituciones como “Democracia Participativa”. No somos una plutocracia donde manda el poder del dinero ni una monarquía representada por el Poder Ejecutivo.

En el proyecto, más allá de la evaluación negativa que me merece como conjunto, se incluyen importantes concesiones que la Ciudad deberá hacer al grupo empresario a cambio de nada. Entre ellas puedo señalar el uso de los canales de vinculación con al Río de la Plata y el compromiso a perpetuidad de mantenerlos abiertos, el acceso a los predios colindantes; la autorización de obras en el canal de la Reserva Ecológica, incluyendo compuertas para mantener el nivel de las aguas; el ensanche de avenidas. El proyecto no contempla espacios para escuelas y colegios públicos, centros de salud, comisaría o central de bomberos.

Estamos discutiendo lo que será el mayor emprendimiento inmobiliario de la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de un proyecto sobre 70 hectáreas, con un alto impacto ambiental y social. Para sancionar una ley, la Constitución establece que un proyecto mantiene su vigencia por dos años; este plazo se prorroga un año más si tiene despacho de comisión o fue aprobado en primera lectura. Parece razonable, por la magnitud del proyecto, que los diputados nos tomemos todo el tiempo necesario y modifiquemos todo lo que tengamos que modificar antes de la primera sanción, que los ciudadanos puedan expresarse abiertamente en la Audiencia Pública, que sus inquietudes sean tenidas en cuenta antes de la sanción definitiva de la ley en segunda lectura, todo ello sin ningún tipo de presión del grupo empresario que quiere llevar adelante el emprendimiento ni del Poder Ejecutivo de la Ciudad.

* Legislador de la Ciudad - Vicepresidente de la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público.