La Corte Suprema de la Nación restableció las facultades de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre el buque-casino “Estrella de la Fortuna”, al dejar sin efecto medidas cautelares en sentido contrario dictadas hace más de una década.

La Corte afirmó que las medidas provisorias dispuestas por la Justicia Civil y Comercial Federal carecen de sentido luego del convenio firmado en 2003 entre el gobierno local y el nacional, que regula la distribución de utilidades que produzcan los juegos que la Lotería Nacional explota y comercializa en la ciudad.

Una de las medidas cuestionadas permitía que el casino funcionara bajo jurisdicción del gobierno federal (dictada en 1999), mientras que la otra (ordenada hace 7 años), impedía al Estado local ejercer potestades tributarias.

El máximo tribunal aceptó intervenir porque consideró una “grave irregularidad” el tiempo de vigencia de las medidas, que equiparaban a esas resoluciones provisorias a una sentencia definitiva, “sin que (en la causa) se registre avance alguno” tendiente a la resolución del conflicto.

La Corte aceptó el “recurso de queja” presentado por el GCBA ante la necesidad de “arbitrar las medidas destinadas a encauzar y corregir los excesos deformantes que presenta el litigio”.

La Corte acotó, además, que las medidas cautelares no estaban relacionadas con el objeto de la demanda, una “acción declarativa” promovida por el capitán del buque casino, Luis Alberto Giachino, para que se dijera que la habilitación para desarrollar las actividades es de competencia de las autoridades nacionales.

Según el fallo firmado por el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, el convenio firmado en 2003 “dirime nítidamente los puntos” que la demanda planteada “pretende esclarecer”.

La Corte criticó a la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal porque omitió examinar, “con criterio estricto”, las resoluciones que impiden la percepción de rentas públicas, “en tanto éstas resultan indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad”.

Para la Corte “resulta contrario a los más elementales principios de administración de justicia mantener un proceso en el que se dictaron medidas cautelares de muy larga data”, cuyo objeto “ha devenido abstracto, por la modificación del contexto fáctico”, lo que en el caso ocurrió con la firma del convenio en 2003. (Télam).

Drástioco final de una odisea

En 2008, trabajadores del Casino reclamaron durante meses mejores condiciones laborales con acortamiento de la jornada y eliminación de los turnos rotativos, entre otras medidas. La mayoría terminaron despedidos. Un poderoso aparato de disuasión, incluida la violenta actuación de efectivos de Prefectura, decretó el final de la odisea.

En la madrugada del 9 de noviembre de 2007, a las 5:45 de la mañana mientras los delegados de base estaban comunicando los avances de la negociación en una asamblea que se desarrollaba en instalaciones del casino, un grupo de activistas del SOMU, el sindicato de los obreros marítimos, irrumpió en la misma, generándose un violento enfrentamiento.

El día 16 de noviembre de 2007 la empresa comenzó a enviar telegramas de despidos a un total de 90 empleados del Casino, acusándolos de ser violentos. Algunos estaban en las instalaciones mientras se desarrollaban los sucesos, otros debían tomar sus turnos más tarde y muchos tenían franco ese día. Días después la jueza federal Servini de Cubría convalidó la medida. Hay que recordar que el barco casino anclado en el Puerto de Buenos Aires, estaba en jurisdicción nacional. El ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria, pero más tarde el ministro Tomada ratificó los despidos.

El titular del Casino, Cristóbal López, era amigo del ex presidente Kirchner, durante cuya gobernación en Santa Cruz, López se inicio como empresario del juego. “En la última semana de su presidencia, Kirchner prorrogó por quince años la concesión que el senador Eduardo Duhalde firmó durante su desempeño interino en el Poder Ejecutivo, por la que López explota 3.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo y lo autorizó a colocar otras 1.500. También es llamativa la saturación de policías y prefectos y el rigor con que persiguen y golpean a los manifestantes” (Horacio Verbitsky, Página 12/03/08).

Cristóbal López, además de ser presidente de la empresa Casino Club –en la que tenía el 50% del capital– recibió la concesión de otras 19 salas de juego, entre casinos y tragamonedas, en distintas provincias argentinas. Es evidente que lo que estaba en disputa en el prolongado conflicto eran las ganancias, cuya merma debería soportar en caso de que prosperasen –y se extendieran– los reclamos de los trabajadores,

Un párrafo aparte merece la Prefectura Nacional, a cuyo cargo está la seguridad portuaria y por extensión la del nuevo barrio de Puerto Madero.

Por aquellos días llamó la atención el despliegue permanente de, literalemte, centenares de efectivos en zonas aledañas al casino flotante, la mayoría de los cuales permanecían de pie y en formación. A lo largo de 90 días, los cortes de calles fueron esporádica y violentamente reprimidos, contrariando la política de tolerancia del Gobierno nacional con los piquetes, sin que trascendiera quien o quienes daban la órdenes.