28/12/2011
la titular de la defensoría del pueblo
de la ciudad contra organizaciones defensoras del patrimonio urbano
¿A quiénes defiende Alicia
Pierini?
Por Mario Bellocchio *
La Defensora del Pueblo de la Ciudad y sus
enfáticas manifestaciones de repudio a la cautelar que
ordena al Gobierno de la Ciudad “no demoler los edificios
construidos antes de 1941 hasta que la legislatura trate el
tema de fondo“
No hay mejor defensa que un buen ataque. La premisa, vigente
en los manuales de fútbol, parece haber calado hondo
en el espíritu y las declaraciones de la ¿Defensora?
del Pueblo de la Ciudad la Dra. Alicia Pierini, ya no para los
verdes campos de juego sino, esta vez, aplicada al amparo conque
la jueza Andrea Danas, del Juzgado Contencioso Administrativo
y Tributario N° 9 de la ciudad, hizo lugar al recurso presentado
por organizaciones vecinales y ordenó al gobierno porteño
“no demoler los edificios construidos antes de
1941 hasta que la legislatura trate el tema de fondo“.
La jueza Danas aceptó el argumento de urgencia presentado
por varias organizaciones ante la perentoria pérdida
de vigencia, el próximo 31 de diciembre, de la Ley 2548
que establece un Procedimiento Especial de Protección
Patrimonial que ampara a los 140.000 inmuebles de Buenos Aires
construidos antes de 1941, que representan casi el 20 por ciento
del total de los 200 millones de metros cuadrados de la capital”,
precisó en un comunicado la Proto Comuna Caballito.
La iracundia de la Dra. Pierini, infrecuente en ella en causas
de mayor monta, contó con un amplio despliegue en “Noticias
Urbanas” donde no tuvo reparo en afirmar, bajo el título
“Corralito inmobiliario” que (…)
el instituto del amparo es una de las garantías
constitucionales. Su uso y abuso en los últimos años
merece una reflexión (….) –por la
que comienza observando– “En vísperas
de Navidad se ha llegado al colmo del amparo utilizado por una
minoría en contra de las mayorías. Aunque ya hubo
muchos antes, es gota que rebalsa el vaso: esta vez una jueza
(excelente profesional a la que aprecio) dio lugar a un amparo
–sin tiempo de asesorarse técnicamente– y
dejó en inseguridad jurídica a todo un sector
de la economía, la industria, el trabajo y la ciudadanía
en general.”
¿Habrá que explicarle a la Dra. Pierini –que
“curiosamente” ejerce el cargo de Defensora del
Pueblo– que la institución del amparo fue creada,
básicamente, para que las mayorías no cometan
abusos producto de su poder de voto y, particularmente desde
el PRO, de veto?
¿Será necesario informarle –al parecer
sí– que su acotación sobre la decisión
judicial tomada “sin tiempo de asesorarse técnicamente”
es la que valida la actitud de la jueza con una medida provisional
como el amparo que provee protección hasta tanto se expida
la Legislatura?
Y continúa su enfático mensaje
“Suspender el otorgamiento de tales permisos
(los de obra) contra todas significa lisa y llanamente prohibir
que en la ciudad se construya, algo mucho más inconstitucional
que el eventual derecho cultural que se pretende amparar.
La Legislatura –representantes del pueblo–
tuvo la cuestión en sus manos y tomó la decisión
de no seguir prorrogando la ley 2548, ya prorrogada anteriormente
por la 3680, que obligaba como requisito previo a obtener permiso
de obra, en los casos de edificaciones anteriores a 1941, un
paso por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de
que se expida sobre la existencia de valor histórico
o arquitectónico. Si lo era, el inmueble no podía
demolerse para hacer nueva construcción. En caso contrario
sí quedaba libre para nuevas construcciones. La inmensa
mayoría de lo anterior al 41 con valor histórico
o arquitectónico ya ha sido catalogado y por tanto protegido.
Por ello no justificaba mantener eternamente esa interdicción
sobre la masa de propietarios de casas viejas que quieren desprenderse
de ellas, para mudarse o dar lugar a nuevas construcciones.
La Jueza interviniente en tiempo record otorgó
una precautelar que no es para un inmueble (ad casum) sino para
la totalidad de los inmuebles pre 1941. Suspensión de
permisos de obra significa prohibición de construcciones
y de desarrollo urbano, parate en las industrias afines, despidos
en masa y crisis económica del sector. Propietarios viejos,
o sus sucesores, presos en sus casas viejas ahora devaluadas
¿quién se las va a comprar si no se puede construir?
Al ordenar dicha cautelar aceptando sin más los argumentos
de los peticionantes, la jueza amenaza con un daño jurídico
mucho mayor que el derecho que pretende amparar, ya que ha creado
una inseguridad jurídica total. No parece que así
se cumpla el mandato constitucional de ‘afianzar la justicia’.”
La defensora, en ejercicio de sus funciones, parece haber tomado
partido por la protección de los intereses inmobiliarios
–en definitiva las constructoras también están
integradas por gente de pueblo– en oposición a
lo que denomina, con evidente afán peyorativo, “eventual
derecho cultural”.
Las medidas cautelares son “en tiempo record” o
dejan de ser cautelares.
Es falaz que “la inmensa mayoría de las propiedades
anteriores a 1941 estén catalogadas” y, finalmente,
lo que la ley 2548 prevé es un dictamen profesional sobre
la pertinencia de la demolición, no una indolente preservación
de vejestorios edilicios, ni una paralización de la industria
de la construcción que, de hecho, fue floreciente en
todos estos años de vigencia de tal disposición
legal. Que un amparo de estas características cree “una
inseguridad jurídica total” constituye, cuando
menos, una desmesurada conjetura.
Nadie, ni la Defensora del Pueblo, está exento de proferir
una tontería. Lo que no tiene retorno es enfatizarla.
Y remata:
“Creo que se ha hecho un ejercicio abusivo
de atribuciones procesales. La mayoría legislativa y
los gobernantes electos no valen menos que un magistrado por
respetable que éste sea. Si a las decisiones mayoritarias,
cuando no gustan, se las puede anular con un amparo ‘de
necesidad y urgencia’ –y esto sólo ocurre
en nuestra ciudad– cerremos las Facultades de Derecho,
archivemos la Constitución y guardemos las urnas. Defender
derechos es antes que nada, defender al sistema institucional
y constitucional de la democracia que es gobierno de mayorías.”
¡Cuánta enjundia! Parece que la institución
del amparo fuera un decreto de una dictadura ajeno a la democracia
y que las mayorías tuvieran poderes omnímodos.
No recurriría como pueblo a que me defendiera una defensora
de tan sesgados conceptos.
Recordamos, de paso, a la Dra. Pierini que una medida cautelar
dictada por el juez civil y comercial Edmundo Carbone mantiene
en suspenso la aplicación del artículo 161 de
la “Ley de Medios Audiovisuales”, no es verdad que
sólo en nuestra ciudad haya amparos legales.
¿Será de propia cosecha esta retahíla
de desmesuradas convicciones? ¿O portan la influencia
de su hija, Bárbara Rossen, reciente directora de la
Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. O
la de su yerno, el arquitecto Eduardo Cajide, decano de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la UBA quien en un reportaje
manifesta:
“La ciudad de Buenos Aires tiene promedio
130 personas por hectárea. Si vos dividís cada
hectárea, que es una manzana por la cantidad de lotes
que tiene, promedia más o menos en una y dos personas.
Esa es la densidad de un suburbio alejadísimo, no una
ciudad.
Ahora, como otro extremo, las ciudades chinas,
tienen entre 8000 y 9000 personas por hectárea, contra
los 130 que tenemos nosotros, es una exageración.
Ahora le preguntás a cualquier porteño cual es
la ciudad más linda del mundo, te va a decir, París,
que es una ciudad que tiene 3.000 personas por hectárea.”
El periodista le acota: “Pero al mismo tiempo,
ellos respetan sus edificios, y sus barrios antiguos. ¿Cómo
es posible seguir desarrollando una ciudad, sin dejar de atender
estas cuestiones?”
A lo que responde Cajide:
“No tiene nada que ver eso, tiene que
ver con la cantidad de personas que hay adentro. La calidad
de la arquitectura es otra historia, el tema es cómo
distribuís la población. La manera en cómo
distribuís la población en el territorio es lo
que te define el problema energético del país.
En nuestro país hay 40 millones de habitantes distribuidos
en tres ciudades, eso tiene que ver con el origen de nuestro
país. Por otro lado, eso que parece una cosa dramática,
también es una extraordinaria oportunidad para otras
cosas.”
Pierini no está sola en su embestida.
* Director del Periódico Desde Boedo
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