
06/01/2012 - Los molinetes de todas las cabeceras
de subterráneos fueron liberados desde las siete hasta
las 10 como protesta contra el aumento de tarifas decidido por
el gobierno de Mauricio Macri, que llevó el pasaje a
partir de hoy a 2,50 pesos.La medida se reiteró a partir
de las 16. Foto: Gustavo Amarelle/Télam/cb.
Una protesta gremial consistente en abrir los molinetes en
horarios pico y numerosos amparos judiciales fueron las reacciones
que despertó hoy, en su primer día de vigencia,
el aumento del 127 por ciento de la tarifas del subterráneo
porteño, resuelto por el gobierno de Mauricio Macri tras
el traspaso del servicio de la Nación a la Ciudad.
Varias ONG y legisladores presentaron ante la Justicia pedidos
de amparo para retrotraer el tarifazo, hasta tanto se realice
la audiencia publica establecida por la ley porteña 210
como requisito antes de cada incremento tarifario, así
como por la propia Constitución local.
La protesta de la Asociación Gremial de Trabajadores
del Subte fue encabezada por sus propios dirigentes, que a partir
de las 7 y hasta las 10, en su primer turno, y de 16 a 19 en
un segundo turno, abrieron los molinetes permitiendo el viaje
gratis de los pasajeros.
“Esto no es una huelga sino una medida de protesta contra
un tarifazo y en solidaridad con los usuarios”, proclamó
Néstor Segovia, delegado de la línea C, dando
sentido a la medida contra el ajuste en el costo de viaje, que
pasó de 1,10 pesos a 2,50.
La medida tuvo plena aplicación y masiva adhesión
en las seis líneas del subte porteño y el Premetro,
y dio marco a la presentación legal que realizaron varias
ONG de consumidores y legisladores de la Ciudad.
Ante la jueza sorteada María Elena Liberatori, del fuero
contencioso administrativo porteño, se presentaron la
ONG Consumidores Libres, que encabeza el ex diputado socialista
Héctor Polino; y los legisladores Aníbal Ibarra,
Delia Bisutti, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo
Form, entre otros, de los bloques Frente Popular Progresista
y Nuevo Encuentro.
Con el patrocinio de la abogada Ana María Geirola, a
esta presentación colectiva se sumaron también
las ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación
de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación
Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (ACUCC),
así como el ex legislador Eduardo Epszteyn.
Los peticionantes demandaron tanto a la Ciudad de Buenos Aires
“como titular, prestador, concedente y responsable del
servicio” de subtes, como a la concesionaria Metrovías
para que a dejen sin efecto el incremento de la tarifa y mantengan
el precio del boleto en 1,10 peso “hasta la existencia
y/u ocurrencia de los recaudos legales que habiliten y faculten
la pretendida modificación tarifaria del servicio público”.
La presentación destacó que hasta el día
de la fecha, el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
no fue publicado en el Boletín Oficial y que el aumento
sólo fue informado a través de la prensa, “omitiendo
que la demandada debe convocar y realizar previamente una audiencia
pública a fin de que se analice la procedencia del ajuste
tarifario”.
“Solicitamos se dicte medida cautelar, cuya procedencia
se desarrolla en el punto correspondiente, con carácter
urgente, ordenando al G.C.B.A., mantener la tarifa vigente de
transporte de subterráneos al 5 de enero de 2012, hasta
que se resuelva en forma definitiva la presente acción,
se realice la obligatoria audiencia pública y se emita
el o los pertinentes actos administrativos donde se establezcan
los respectivos cuadros tarifarios”, dice la petición.
También esta mañana, pero ante el también
sorteado juez en lo contencioso administrativo y tributario
porteño Fernando Enrique Juan Lima, se presentó
la ONG “Ciudadanos Libres”, que encabeza el abogado
Alejandro Mangiocalda, con una petición de idéntico
tenor.
Ahora la Secretaría General de la Cámara deberá
determinar en cual de los juzgados se concentran las medidas
cautelares solicitadas y si habilita feria para su tratamiento.
(Télam)