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05/01/2015
por irregularidades y cohecho en habilitación de boliche Beara
Tragedia de Beara: confirman procesamiento de funcionarios macristas

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos y confirmó los procesamientos por recibir coimas de Martín Farrell y Pablo Saikauskas, ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, en la causa donde se investiga el derrumbe del boliche Beara que le costó la vida a dos mujeres de 20 y 21 años.
"Siempre confié en la Cámara. Su fallo es acertado", dijo a Télam Juan Lizarraga, papá de Ariana, fallecida junto a Paula Provedo el 10 de septiembre de 2010 cuando se desplomó un entrepiso del local bailable ubicado en el barrio porteño de Palermo mientras se desarrollaba una fiesta privada.
Los camaristas Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Cicciarose aseveraron que "la omisión de los deberes" de los funcionarios "no aparecería desconectada del pacto espurio" de los funcionarios con los empresarios.
En el fallo, los magistrados destacaron documentación y escuchas telefónicas que "ilustran acerca de las posibles entregas de dinero que demandaría la habilitación del local", pruebas donde el término "cometa" aparece mencionado en varios momentos.
"Los documentos dan cuenta de que dentro del planeamiento de Beara se tenía previsto el pago ilícito de dinero", agregaron los camaristas, que también consideraron que hay material de prueba "que indicaría los hipotéticos pagos a dependencias de la Policía Federal, de manera que la investigación en ese punto debe proseguir".
El fallo dado a conocer sobre el cierre del año pasado "nos da aliento para seguir luego de haber tenido que pelear en la Legislatura porteña para impedir que le den el voto a Farrell para ser juez del fuero Contencioso Administrativo", lo que finalmente no sucedió.
Farrell, que era director general de Habilitaciones cuando se produjo el siniestro, fue propuesto por el PRO, pero los familiares de las jóvenes muertas, junto a ONG's y legisladores de otros partidos lograron que no avanzara su candidatura.
"En privado, legisladores del PRO nos daban la razón, pero decían que tenían que sostener lo que decía el partido. Por suerte, logramos frenar esa injusticia", agregó.
En 2010, el ex funcionario fue imputado por el fiscal Andrés Madrea de haber “arreglado” con los dueños de Beara para habilitar el lugar y la decisión de la Cámara es en respuesta a los pedidos de nulidad presentados por las defensas y a las apelaciones de la Fiscalía y querellantes ante los sobreseimientos ordenados por la jueza Alicia Iermini en junio del año pasado.
Farrell y Saikauskas, que se desempeñaron como directores, respectivamente, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y de la Dirección de Habilitaciones Especiales, "guardaban un deber de control", dijeron los jueces.
Sobre Saikauskas, la Cámara aseveró que tenía "deberes de control" y que "intervino en el acto de su otorgamiento, concediéndola, pese a las irregularidades verificadas", al referirse a la habilitación del local.
Las dos muertes y las personas heridas "han sido la consecuencia de una violación de sus deberes de cuidado por parte de quienes participaban en la explotación del negocio allí instalado y de quienes tomaron parte en la organización y realización del multitudinario evento llevado a cabo aquella noche" de septiembre, enfatizó la decisión judicial.
De esta manera la Cámara rechazó también los sobreseimientos ordenados por la jueza Iermini, de los socios de Beara, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria y Juan Carlos María Yun, acusados de pagar coimas para acceder a la habilitación; de Iván y Ronaldo Fliess, también socios de la empresa y del maestro mayor de obras contratado por la sociedad anónima El Viejo Sabio, Gustavo Amarú.
Además,confirmó los procesamientos de Norberto Cassano, jefe del Departamento de Esparcimiento; de Carlos Mustapich que era inspector del organismo; de Isaac Rasdolsky, arquitecto de Habilitaciones y de los gestores Matías Pantarotto y Leandro Camani, a quienes además imputó por homicidio culposo agravado.
Para los jueces en un juicio oral se podrá dilucidar "la eventual responsabilidad penal de quienes, según las evidencias recogidas hasta aquí, habrían llevado a cabo gestiones para obtener, nada menos que mediante cohecho,los permisos de carácter administrativo necesarios para que el negocio se hallara, al menos aparentemente, en regla".
En esa instancia también se podrá determinar el grado de responsabilidad "de los funcionarios que, presumiblemente por las mismas razones, intervinieron en los trámites respectivos hasta que se expidió la irregular autorización", señalaron los integrantes del tribunal.
"Confío en que este año llegamos al juicio oral y además, necesitamos terminar con la corrupción que pone en riesgo las vidas o mata", reflexionó el papá de Ariana Lizarraga (Fuente: Telam)


 

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