La abogada Natalia Salvo presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, por presunta comisión de delitos de acción pública relacionados con el plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados.
La denuncia se basa en los incumplimientos de deberes de funcionario público por parte de Rodríguez Larreta y Quirós quienes estarían privatizando la campaña de vacunación beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general.
“En la Ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus”, dijo Salvo en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo. “Las prepagas y obras sociales ofrecen a sus afiliados la vacuna, por lo cual se altera el orden de prioridad establecido por el Ministerio de Salud”, agregó.
En la denuncia se afirma que Rodríguez Larreta habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad Autónoma otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de los porteños.
Además, la abogada realizó un pedido de informe para que el gobierno porteño notifique la cantidad de vacunas que recibió y el listado de las personas que fueron vacunadas.
Los centros de salud privados aparecen mencionados en el formulario que deben llenar los mayores de 80 años que no pudieron inscribirse el último viernes por haber quedado fuera de servicio el mismo sitio. En la ocasión aparecía un formulario que proponía elegir lugar y hora para la vacunación.
La invitación oficial reza: “Si tenés alguno de estos prestadores de salud (obra social o prepaga) podés consultar con ellos cómo acceder a la vacunación: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Sanatorio Güemes – (OSUTHGRA – Hominis), OSECAC, OBSBA“.
De los 170 mil mayores de 80 años con residencia en la ciudad de Buenos Aires, 40 mil consiguieron inscribirse para la primera tanda de vacunación. La cifra habría sido sensiblemente superior si el Gobierno de la Ciudad no hubiese privilegiado a un sector acomodado de la población que puede solventar el costo de una prepaga.
La denuncia iniciada por la abogada Natalia Salvo apuntará a establecer la cantidad de dosis compradas por el Gobierno Nacional sustraídas de la esfera pública por Rodríguez Larreta con la anuencia de su ministro de Salud y giradas sin protocolo, ni seguimiento alguno al sector privado de salud.
