Por Celeste Neyra (Red Eco)
Integrantes de la comunidad Wichis del este de Tartagal intentan impedir que la empresa Tres Lagunas SA continúe desmontando las tierras que ellos reclaman desde hace años.
Las comunidades Wichis de la zona de Caraguatá (a 70 km. de Tartagal) y de la Ruta 86 de Salta están asentadas en las tierras que la empresa Tres Lagunas SA intenta continuar desmontando.
Se trata de un total de 25.000 hectáreas, de las que unas 9.000 estarían afectadas por el desmonte. Las comunidades Wichis aclaran que “supimos que empleados de la Empresa Tres Lagunas S.A. estaban alambrando, quemando cordones, realizando movimientos de suelo con maquinaria y otras actividades posteriores al desmonte”.
Es por ello que solicitaron a “la Policía de la Provincia de Salta presente en el lugar y a los trabajadores de la mencionada empresa, que procedan a retirarse ya que se había acordado con el Dr. Raúl Romeo Medina, Secretario General de Coordinación de la Gobernación, que se paralizarían todo tipo de trabajos en todas las áreas que se encuentran dentro del Territorio que reclama nuestro Pueblo y que es de su uso ancestral”.
Sin embargo, el Juez Aramayo envió más de 80 policías que se enfrentan a las familias, “van las mujeres, van los chicos, porque las mujeres no quieren dejar los chicos” dice el cacique Antonio Cabana, de la comunidad Tonono (este de Tartagal). Los efectivos tienen la orden de notificar sobre la prohibición de ingresar al terreno a los que allí acostumbran a cazar, recolectar miel, leña y frutos del monte y “donde descansan nuestros antepasados”, dicen desde la comunidad Wichi de la Ruta 86.
El mismo Juez Aramayo fue escrachado en el año 2004 por haber ordenado la detención de integrantes de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de Mosconi que habían cortado la ruta en reclamo de trabajo. Incluso luego de constatar el mal estado de higiene y salud en que se encontraban los detenidos, el magistrado les negó la libertad, dilatando inexplicablemente los tiempos judiciales.
Las comunidades Wichis están solicitando la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el cumplimiento de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial a favor de las comunidades Indígenas, para que “se tome los recaudos legales pertinentes e instruya a la Empresa Tres Lagunas SA a suspender todo tipo de actividades en la zona de Caraguatá, en las áreas reclamadas por nuestro pueblo Indígena como territorio de uso ancestral”.
