Un comunicado firmado por representantes de organizaciones de la comunidad* contrasta la política represiva de la Ciudad con las carencias y abandono en medidas de salud y educación y el acceso al agua potable en villas y asentamientos.
El 3 de abril de 2020, se aprobó la Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020 convocada para la adquisición de equipamiento anti disturbios. La contratación se adjudicó a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado por el monto de $52.765.291 millones de pesos para la compra de cientos de miles de cartuchos anti tumulto y miles de granadas.
Se compraron 150 mil cartuchos de balas de goma y casi 5.000 granadas. Fabricaciones Militares no tenía en stock para entregar los 345 mil cartuchos que el GCBA requería.
La División de Armamento, Munición y Explosivos solicitó, el 25 de marzo, la urgente provisión del material anti disturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
A pesar de que se aprobó la contratación directa el 3 de abril, los materiales fueron recibidos con fecha 27 de marzo (2 días después del pedido interno). Así es la urgencia que tienen las fuerzas de seguridad para estar preparadas para la represión y contención social.
El GCBA se prepara para reprimir a la ciudadanía anticipando una crisis social mientras no toma medidas en el presente para prevenir esas crisis: No garantiza barbijos ni elementos de protección a los/as trabajadores/as de tareas esenciales; no garantiza adecuadamente la comida para los estudiantes de escuelas públicas; no garantiza los insumos básicos para la educación a distancia; no garantiza el acceso al agua potable a 400 mil personas que habitan villas y asentamientos.
*Observatorio del Derecho a la Ciudad – ODC (Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IPYPP CABA (Ing. María Eva Koutsivitis), Frente Territorial Salvador Herrera (Franco Armando), CTA – Capital (Pablo Spataro) Unidad Popular (Claudio Lozano).
