El Gobierno intenta “primeriar” a la Justicia

EN EL CONFLICTO POR LOS TERRENOS DE CASA AMARILLA EN LA BOCA


Amirante Brown y Blanes, La Boca, una cerco perimetral instalado por empresa contratista del GCBA preanuncia el inicio de obras consideradas ilegales por organizaciones del barrio.

En el conflicto por el destino del predio de Casa Amarilla, organizaciones de La Boca denuncian construcción ilegal al no haber sentencia firme que avale el proceder del Gobierno de la Ciudad.

“El GCBA intenta ‘primeriar’ a la justicia y enfrentarla a un hecho consumado e inevitable que sólo esta cautelar podrá evitar” sostiene el escrito que suscribe un conjunto de organizaciones de La Boca.

“Este proceder no representa más que una burla al sistema judicial –sostiene la presentación– y refleja la falta de respeto que tiene el poder ejecutivo local por las instituciones democráticas ya que con toda impunidad iniciaron las obras de construcción sobre el terreno sin contar con sentencia firme en este proceso donde se discute la locación del complejo de viviendas a realizar y falta dirimir la oposición de esta parte ya planteada en autos”.

Las organizaciones firmantes vuelven a aclarar que se oponen a la construcción de viviendas sobre el predio de Casa Amarilla e insisten en reclamar que se hagan sobre los inmuebles ociosos que en el Barrio de La Boca existen “para así garantizar el derecho a una vivienda digna de los preadjudicatarios y el derecho a gozar de un ambiente sano de todos aquellos que habitan y/o deseen habitar el lugar”.

Es decir que el hecho de que se hayan comenzado con las obras se constituye en un daño inminente e innegable de contaminación y de futuro colapso de servicios públicos que profundizan la degradación y el estado de abandono del barrio sin la inversión pública prevista en el Art. 5 de la Ley 2240 y sin cumplir los recaudos fijados en el certificado de aptitud ambiental respectivo.

Se trata de un perjuicio irreparable puesto que de construirse las 439 viviendas el espacio verde ya se habrá perdido, colapsarían las redes cloacales, de electricidad y de agua potable provocando inundaciones y mayor contaminación.

Pero más aún, el comienzo de las obras también se constituye en un daño real y actual por la desaparición del libre acceso al espacio verde público que ya es un hecho, por lo que solicitan se levante el cerco perimetral para garantizar nuevamente su uso recreativo por parte de los vecinos.

“No pedimos mucho: simplemente solicitamos que sea V.E. quien haga justicia evitando que se nos coloque frente a una situación consumada producto de una vía de hecho de la administración” sintetiza el escrito.

También advierten que de no decretarse la medida cautelar solicitada se proseguirá con la ilegal construcción de las 439 viviendas con perjuicios no sólo sobre el ambiente sino al contratista que por licitación está encargado de la obra que –al dictarse sentencia en esta instancia de revisión– deberá demoler volviendo a los terrenos en cuestión al estado original de espacio verde como por ley correspondería.

Corte Suprema y Tribunales internacionales

Para el hipotético e improbable supuesto de una resolución adversa a la solicitud de que se dicte una medida cautelar de prohibición de innovar contra el GCBA y retiro de cerca, la querella hace expresa reserva del derecho a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la Ley 402, ante la Corte Suprema de Justicia por vía de la Ley 48 Art. 14 y ante las instancias supranacionales correspondientes.

“Ello se funda en que la materia discutida en autos –sotienen– afecta nuestro derecho de raigambre constitucional de acceso a la justicia y a un debido proceso tanto en sentido sustantivo como adjetivo (Art. 18 C.N. y 13.3 de la CCABA) como así también a nuestro derecho a vivir en un medio ambiente sano (Art. 41 y 26 de la CCABA) y que de no hacerse lugar a la cautelar, una eventual sentencia favorable a esta parte resultaría meramente ilusoria ante la irreversibilidad de los acontecimientos que empezaron a suceder”.

La presentación fu suscripta por las siguientes asociaciones: Por la Reserva Vecinos Autoconvocados, Comisión de vecinos calle Irala y adyacencias, Asociación El Trapito, República de La Boca, Primer centro de cultura para jubilados y pensionados y adultos mayores Ave Fénix, Fundación Museo Histórico de La Boca, Universidad Popular de La Boca, Asociación Mutual José Verdi, Sociedad Mutual Yugoslava Nas Dom, Liga Naval Argentina Filial La Boca, Asociación Ligure de S.M., Agrupación La Bombonera y Libres del Sur con el patrocinio letrado del Dr. Ariel R. Caplan

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