El tribunal continental se expidió por la absolución del periodista Eduardo Kimel, quien había sido condenado —la década pasada— por la Justicia argentina a un año de prisión en suspenso y a indemnizar con 20.000 dólares al camarista Guillermo Rivarola por el delito de injurias.
Por iniciativa del diputado Facundo Di Filippo, vicepresidente del bloque Coalición Cívica, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó —en la sesión de hoy — su beneplácito por el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado argentino a modificar su legislación sobre calumnias e injurias, cuestión de que los llamados delitos contra el honor no sean utilizados para criminalizar la labor periodística.
El origen de ese caso es el libro “La Masacre de San Patricio”, una prolija y pormenorizada investigación realizada por Kimel sobre el asesinato —la madrugada del 4 de julio de 1976 — de tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden de los palotinos por parte de uno de los escuadrones de la muerte de la dictadura militar.
Rivarola, quien en ese entonces como juez de instrucción investigó ese múltiple asesinato sin hallar culpables, se consideró agraviado y logró que la entonces Corte Suprema de Justicia menemista condenara al periodista, lo cual —según se destaca en el proyecto de declaración aprobado esta noche— resultó una “particular paradoja, pues se castigó al investigador y se garantizó la impunidad a los autores intelectuales y materiales de ese múltiple asesinato”.
