Por Antonio Elio Brailovsky
Nuestros dirigentes acompañaban este camino, insistiendo en la necesidad de cambios institucionales que permitieran pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. El proceso se aceleró y nos pasábamos buscando nuevas maneras de aplicar estos principios en todas partes.
Sin embargo, en algún momento, el movimiento se detuvo. Una gran parte de los dirigentes políticos empezó a pensar que no era bueno que hubiera un exceso de transparencia. Las puertas que se habían entreabierto comenzaron a cerrarse.
Desde el lugar de los ciudadanos, comenzaron a aparecer hechos y presunciones fundadas que los llevaron a desconfiar de muchos de sus representantes. Negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimientos súbitos, subsidios a empresas amigas, soborno a legisladores para lograr su voto o cambiar de partido, fondos de una provincia depositados en el exterior sin que se conociera su destino final, fueron algunos de los aspectos que generaron el desánimo colectivo.
Pero aún faltaba la percepción de los aspectos más oscuros de la política: la voladura de la Fábrica Militar de Río III, para ocultar las pruebas de un contrabando de armas. La adulteración de las pruebas del atentado a la AMIA. La conexión de punteros locales con el tráfico de personas. El crecimiento de las redes del narcotráfico, sin que haya interés en radarizar las fronteras sensibles. Los falsificadores de medicamentos financiando campañas electorales.
Todo esto generó condiciones de abandono de la actuación pública. Las personas comunes sintieron que los temas políticos les estaban siendo arrebatados y los dejaron en manos de los políticos profesionales, en quienes no confiaban.
Nosotros pensamos que hay que hacer exactamente lo contrario. Que cuando las cosas van mal, es cuando más se necesita de la presencia de personas corrientes en los ámbitos públicos. Esta presencia se puede ser ingenua ni desordenada. La catarsis de la protesta es tan estéril como la inacción. Se requieren herramientas institucionales para canalizar la participación ciudadana, que es, simplemente, el rol de los ciudadanos comunes en los procesos de toma de decisiones.
Estas herramientas existen en nuestro sistema institucional, aunque habitualmente nuestro sistema escolar no las enseñe y la mayor parte de los medios de comunicación las olviden. Su función es evitar el monopolio del poder por parte de los políticos profesionales. Pero para poder usarlas, primero tenemos que conocerlas.
Por este motivo estamos organizando un curso virtual sobre Participación Ciudadana, con el equipo docente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
También queremos anunciar la reedición del curso virtual de Derecho Ambiental, que se realiza asimismo con el equipo docente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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