Curioso país este en el que se ha decidido licitar un tren bala Buenos Aires – Rosario – Córdoba, mediante endeudamiento público cercano a los 4 mil millones de pesos para satisfacer no se sabe qué demanda, pero los funcionarios no pueden (¿no quieren?) resolver la reinstalación del modestísimo tren blanco de los cartoneros: una formación destartalada con una locomotora convencional más unos pocos vagones sin asientos —y rejas en lugar de ventanillas— que circulaba en el ramal Retiro-Tigre del ferrocarril Mitre y que TBA decidió discontinuar de la noche a la mañana.
Un numeroso grupo de cartoneros provenientes de la provincia decidieron entonces pernoctar a la intemperie en las proximidades de la estación de barrancas de Belgrano, como forma de protesta y para dramatizar la situación ya de por si muy difícil de familias con chicos que no tienen como volver a sus viviendas en el conurbano. Otros aceptaron el paliativo que les ofreció el Gobierno de la Ciudad mediante camiones que reemplazan parcialmente al tren blanco.
Juan Pablo Piccardo, el ministro de Ambiente y Espacio Público dijo que el espacio público no es negociable y mandó desalojar acatando una orden de la fiscalía Contravencional Nº 3, a cargo de Marcela Solano —así figuró en el sitio web de la Ciudad— hasta que la propia fiscal lo desmintió y ahora el párrafo fue eliminado . Luego aparecen las explicaciones ”ex post facto”: el GCBA tiene facultades para disponer desalojos administrativamente, sostuvo un legislador oficialista.
Por su parte, la vicejefa de Gobierno se lamentó de que se tengan que tomar algunas medidas que no siempre son “simpáticas”. Se refería al violento apaleo a que fueron sometidos los ocupantes y posteriores detenciones de varios de ellos el viernes último, durante el desalojo.
La nota de color la puso el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien afirmó que la Policía Federal —fuerza bajo su mando desde que asumió el nuevo cargo— intervino en el desalojo porque “habían detectado una camioneta rociada con nafta y otros bidones en las proximidades del lugar. La camioneta con nafta, más nafta en bidones, más cartón, más un alambrado, más chicos atrás del alambrado, más una vía de un tren, era una garantía de una situación incontrolable con un nivel de conflicto severísimo” (La Prensa, febrero 27). Nadie preguntó porque no sacaron la camioneta y los bidones de “las proximidades” en lugar de alejar a la gente a los golpes “in situ”.
“El Ejecutivo fue sensible a los reclamos de los vecinos, quienes por diferentes motivos se oponen a la presencia de este tipo de asentamientos y defenderá el espacio público bajo la convicción de que es un bien común innegociable” insisten desde el área de Piccardo. Los vecinos están en su derecho a protestar, de eso no hay dudas. Pero hay que recordar que se trata de vecinos de nivel medio y alto que podrán pagar el boleto en el tren bala quejándose del ruido, la mugre y la fealdad de invasores cuya único reclamo consiste en volver a sus casas como hasta hace poco en un tren desvencijado en el que puedan trasladar sus no menos destartalados carritos.
