La nueva dirección del programa estrella del gobierno porteño para la atención de personas en situación de calle obliga a sus trabajadores a cumplir turnos de 12 horas, pese a que desde hace varios años se sabe que es un trabajo insalubre. Hubo cuatro despidos la semana pasada.
Pese a que es uno de los caballitos de batalla de la propaganda oficial del gobierno porteño, no todo es color de rosa en el programa Buenos Aires Presente (BAP), encargado de brindar asistencia inmediata a las personas en situación de calle y con vulnerabilidad social. Hubo cuatro despidos la semana pasada y, en un comunicado difundido ayer, las y los trabajadores del área denunciaron que, desde que el nuevo gerente Fabián Boninsegna -quien reemplazó a un histórico de la gestión, Martín Santillán- tomó las riendas del programa, se profundizaron “el ajuste y precariedad laboral”.
Las alarmas se prendieron cuando las y los trabajadores fueron notificados que deberían cumplir 7 horas de trabajo diario de lunes a viernes y jornadas de 12 horas para los “franqueros” que están de turno durante los fines de semana. Como se trata de un trabajo insalubre que no está declarado en los papeles como tal, existía durante la gestión anterior una suerte de pacto entre la dirección del programa y los trabajadores que constaba en reducir el horario de la jornada laboral de hecho. Ese pacto implícito se rompió desde la llegada de la nueva gestión de forma unilateral, lo que dejó las puertas abiertas a un conflicto, uno más para una de las áreas más sensibles del Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta, en un contexto en el que cada vez hay más personas sin techo. Las organizaciones sociales que se abocan a la problemática presionan además cada vez con más fuerza para que se cumpla con la ley de Personas en Situación de Calle, algo que la Justicia Administrativa ya demostró a través de varios fallos (el más reciente, de la jueza María Elena Liberatori en 2016) que no sucede.
La lista de reclamos de las y los trabajadores es extensa: “Se nos desabastece de recursos, capacitación y herramientas para intervenir, no existen medidas de seguridad e higiene pertinentes, se redujo el personal interviniente mediante despidos encubiertos, y no se incorpora personal calificado, considerando que el programa trabaja con problemáticas sensibles y complejas”, reza el comunicado.
“Hace años que se sabe que nuestro trabajo es insalubre, que intervenimos no sólo en situaciones de violencia en las que sentimos que el Estado no nos acompaña como debería, sino que además lo hacemos en catástrofes como Cromañón, Once o el boliche Beara. Vamos a impulsar acciones legales en ese sentido porque con estas nuevas medidas de sobreexplotación lo que buscan es que muchos profesionales comprometidos con las personas en situación de calle nos cansemos y renunciemos”, contó a El Grito del Sur uno de los trabajadores del programa.
Las y los trabajadores denuncian además que, detrás del “ajuste” y de las jornadas forzadas de 12 horas, lo que hay es una intención de la dirección del programa de deshacerse de trabajadores sociales con fuertes vínculos con la población a la que asisten para reemplazarlos por personas vinculadas a la gestión. La semana pasada fueron cuatro los trabajadores despedidos.
Otra de las problemáticas en la que insisten es histórica: la abrumadora mayoría de los trabajadores del BAP son “contratados” y no gozan de presentismo ni aguinaldo. Es decir, están en negro, lo que agrava el pedido del cumplimiento de las 12 horas.
Al mismo tiempo, el BAP será controlado este año por la Auditoria General Porteña. No son pocas las denuncias que sus diferentes direcciones afrontaron a lo largo de los años de gestión macrista por operar conjuntamente con el Ministerio de Espacio Público y efectivos de la Policía de la Ciudad para “desalojar” de la calle a personas sin techo mediante métodos violentos.
Fuente: elgritodelsur.com.ar
