ESCRACHE Y PEDIDO DE RENUNCIA DE JUAN JOSÉ ALVAREZ

Por Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón 

Miércoles 26 de enero de 2005 a las 12:30
Jefatura de Gobierno de la Ciudad

A 31 meses de la masacre de Avellaneda, a días de cumplirse un mes de la masacre de Cromañón, la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón, encabezada por Alberto Santillán, padre de Darío, y Vanina Kosteki, hermana de Maxi, e integrada por distintas organizaciones, exige la renuncia inmediata de Juan José Álvarez como Secretario de Seguridad porteño. Y a su vez advierte que con esta designación se refleja una nueva expresión del pacto Kirchner- Duhalde que sólo traerá más represión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y más impunidad para la causa del Puente Pueyrredón.

La responsabilidad política de Álvarez –negada por algunos “formadores de opinión”, como Horacio Verbitsky— no es una mera especulación si consideramos su actuación antes, durante y después del 26 de junio:

El operativo de “coordinación de las Fuerzas de Seguridad” bajo su mando, finalmente se cobró las vidas de dos militantes populares y dejó más de 40 heridos con balas de plomo, según consta en el expediente judicial y en los archivos hospitalarios. Fue el propio Álvarez uno de los primeros en intentar encubrir la masacre del Pueyrredón acudiendo a la hipótesis del “enfrentamiento entre piqueteros”.

Álvarez, claro, no es el único responsable político de la Masacre de Avellaneda. Integra una lista que encabeza el propio Eduardo Duhalde junto a ex integrantes de su gabinete, como Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Carlos Soria, Oscar Rodríguez y Luis Genoud, junto al actual Ministro del Interior del gobierno de Kirchner, Aníbal Fernández y el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Ninguno de ellos ha sido incriminado y citado para declarar, como sucede con Álvarez, a pesar de la abundancia de indicios sobre la existencia de un plan predeterminado de represión, impulsado desde las más altas esferas del poder político. Hasta ahora, sólo están acusados en la causa el comisario Alfredo Fanchiotti y otros efectivos policiales.

En el marco de las maniobras combinadas entre el Poder político y el Poder judicial para postergar sin fecha cierta la iniciación del juicio a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002, la designación de Álvarez no puede interpretarse sino como un nuevo paso en la garantía de impunidad que se implementa respecto de la matanza.

La designación fue decidida como una nueva expresión del pacto de impunidad entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la represión del 26 de junio del 2002, alianza que dio origen a la llegada de Kirchner a la presidencia y que constituye el eje de la construcción del poder de este Gobierno en sus 20 meses de gestión.

Álvarez aparece como un virtual interventor en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, enviado por ese núcleo de poder –Kirchner-Duhalde—, luego de que la tragedia producida en “República Cromañón” por la perversa y estructural relación entre el poder económico y el poder político corrupto y dependiente generara la movilización popular contra la gestión en crisis de Aníbal Ibarra y también un creciente cuestionamiento al propio Gobierno nacional. Hacemos nuestras las consignas coreadas por una multitud de jóvenes en su reclamo de justicia: “Ibarra asesino en Cromañón, Álvarez asesino en el Pueyrredón”.

Los antecedentes de Álvarez en el manejo de la “seguridad” sólo prometen medidas efectistas, dureza y represión para la protesta social a través de la aplicación del Código Contravencional represivo impulsado por Ibarra en septiembre del 2004.

También, como ya quedó demostrado, para la protesta que familiares, compañeros y amplios sectores del pueblo desarrollan para exigir investigación y castigo por la tragedia del 30 de diciembre, en sintonía con la política represiva del gobierno nacional que hasta el momento ya se ha cobrado más de 20 presos políticos y el procesamiento de más de 5.000 luchadores sociales. En esta misión de Estado, Álvarez será secundado por el nuevo Subsecretario de Seguridad, Daniel Gorgal, quién ha dirigido el área de Justicia y Seguridad del Grupo Sophia, la principal fundación de Mauricio Macri.

Como una muestra contundente del proyecto de impunidad que maneja el poder político en relación con la Masacre de Avellaneda, en un año electoral como el 2005, pero también como garantía de continuidad permanente de la alianza estratégica Kirchner-Duhalde, Álvarez resulta nombrado en la secretaría de Seguridad de la Ciudad menos de un mes después de que el Tribunal Oral Nª 7 de Lomas de Zamora aceptara ampliar el período de pruebas para incorporar a la causa a los responsables políticos de esa masacre. Entre ellos precisamente el propio Álvarez, cabeza de la estrategia de operación conjunta de las fuerzas de seguridad que operó el 26 en el Puente Pueyrredón y sus alrededores.

Todavía hay menos distancia en el tiempo entre la designación de Álvarez y la decisión del Tribunal Oral Nª 7 de volver sobre sus propias resoluciones anteriores para declararse incompetente en la causa, lo que plantea un horizonte de postergación indefinida del juicio y profundiza por lo tanto el marco de impunidad.

Porque luchamos contra la impunidad, ni esta Comisión, ni los querellantes, ni las organizaciones populares estamos dispuestos a permitir que la “seguridad” de nuestro pueblo quede en manos de un hombre como Álvarez, uno de los tantos premiados por el Poder cuando su lugar debería estar tras las rejas.

Esta Comisión denuncia la suspensión del juicio de la masacre del Pueyrredón y llama a las organizaciones populares y de derechos humanos a movilizarse para luchar en común hasta lograr:

Juicio y Castigo a los responsables de la Masacre del 26, condena a todos aquellos que ocupaban cargos de responsabilidad material y política al momento de los hechos.

– Apertura de los archivos de la SIDE.

– Unificación de las causas. Sobreseimiento a Hernán Gurián y anulación de la causa por atentado a la democracia que pesa sobre quienes protagonizamos la lucha del Puente Pueyrredón.

– Libertad a los presos políticos de Kirchner y el F.M.I.

– Amnistía desprocesamiento y/o cualquier otra medida tendiente a cesar las causas en curso o con condena de los miles de luchadores populares perseguidos por la justicia.

– Basta de represión.

También reafirmamos que mientras se mantenga la impunidad de los asesinos que dieron la orden de reprimir y matar, mientras caminen tranquilos por la calle y continúan ocupando cargos públicos, mientras gobierno, jueces y fiscales no hagan nada contra los asesinos que dispararon y los asesinos que planificaron, vamos a seguir luchando, denunciando y exigiendo justicia.

Juicio y Castigo a los responsables de los asesinatos de todos los luchadores populares.

Los 30.000 compañeros desaparecidos y todos los muertos por la represión y la impunidad en democracia están presentes en nuestra lucha.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, presentes ahora y siempre.

La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.

Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los Asesinos del Puente Pueyrredón:

Alberto Santillán, padre de Darío; Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano; heridos y manifestantes procesados; Nora Cortiñas (Presidenta de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora); Juan Carlos Capurro (integrante del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos); James Petras (sociólogo, miembro del Tribunal Russell), Hernán López Echagüe (periodista, escritor); Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio); CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); DPA (Defensorías Populares Autónomas); APEL (Asociación de Profesionales en Lucha); Frente Popular Darío Santillán -donde participa el MTD Aníbal Verón- y el Polo Obrero.

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