Un informe de la Defensoría de la Ciudad revela la continuidad del trabajo esclavo en talleres textiles clandestinos, cuyas víctimas son costureros bolivianos indocumentados y cuyos beneficiarios en última instancia son renombradas marcas que tercerizan la confección a los talleres de explotadores del trabajo humano. (ver Parte II)
Vivir con miedo
“Ellos (los bolivianos) viven así. Las condiciones las fijaban ellos, no yo. La mentalidad de ellos es así, vienen al país, juntan plata dos años y ponen un taller. Por eso quieren vivir en el mismo lugar donde trabajan, así no gastan”. Con estas palabras se excusó Juan Correa ante el juez Alberto Baños a cargo de la causa por el incendio del taller clandestino que funcionaba en Luis Viale 1269 y que el 30 de marzo de 2006 ocasionó la muerte de seis bolivianos -cinco de ellos niños- que vivían en el lugar.
Correa era uno de los encargados del taller siniestrado y, con el viejo truco de culpar a la víctima, pretendía ocultar los recursos a los que apelan los talleristas para retener a sus empleados. El más habitual consiste en aprovecharse del temor que siempre acompaña a quien no puede acreditar su identidad. Por eso, los patrones contratan a indocumentados o retienen los documentos de los pocos que los poseen. A partir de allí, la simple amenaza de echarlos a la calle y dejarlos a merced de cualquier prepotencia policial resulta un argumento más que convincente para que el empleado permanezca en el taller.
Cuando esto no basta, el descontento de los trabajadores se apacigua por otros medios. Juan Carlos Salazar Nina, dueño de dos talleres clandestinos de Parque Avellaneda, solía aliviarlo con fiestas que organizaba de sábado en sábado. Había en ellas mucha cumbia y mucho alcohol y Nina instigaba a los costureros a beber hasta que la borrachera los alcanzaba y descargaban sus broncas acumuladas peleándose entre ellos.
Sin embargo, el tiempo desgasta a estos mecanismos disciplinarios. Según Vera, “cada cuatro o cada seis meses los empleados se hartan de la superexplotación y se vuelven ‘quejosos’; entonces, los patrones los echan a la calle sin dinero y sin documentos, y después parten a Bolivia en busca de una nueva camada de costureros que los reemplace”. “Para colmo -agrega- los talleristas abusan de la absoluta precariedad de sus ex empleados y se quedan con el dinero del último período trabajado”. Los costureros que quedan en la calle resisten hasta que pueden; pero, en general, terminan empleándose en otro taller donde volverán a vivir la pesadilla que pretendían dejar atrás.
Complicidades necesarias
El funcionamiento de talleres clandestinos sería imposible sin los indocumentados. Según estimaciones oficiales, residen en el país unos 750 mil extranjeros en esas condiciones gracias a que la Dirección Nacional de Migraciones fue durante mucho tiempo una fábrica de irregulares. Esta imputación no es fruto de una evaluación intransigente, sino de una autocrítica que el propio organismo ha hecho de su trayectoria (www.patriagrande.gov.ar/) y en la que admite que la falta de documentos identificatorios genera la marginalidad y la desigualdad exponiendo al ser humano a todas las formas de degradación. Pero los indocumentados no sólo llenan con su trabajo los bolsillos de quienes los explotan. La seccional 40º de la Policía Federal está ubicada en la calle Remedios 3748; esto es, prácticamente en los fondos del taller en el que padeció AHR.
Según ex costureros y vecinos del lugar, efectivos de esa dependencia pasaban periódicamente por el establecimiento clandestino y cobraban entre 500 y 1.000 pesos, precio al que cotizaban su tarea de hacer la vista gorda ante las irregularidades que en él ocurrían. Si se tiene en cuenta que en su jurisdicción fueron detectados unos 40 talleres clandestinos, una simple cuenta arroja como resultado una suculenta masa de dinero que cada mes ingresaría ilegalmente a la seccional.
El día en que se incendió el taller de la calle Luis Viale, los medios de comunicación hablaron del pago de coimas. Inmediatamente, el Ministerio del Interior ordenó al comisario general Néstor Vallecas, titular de la Policía Fereral, que solicitase una investigación penal. A algo más de un año de aquella orden, no ha habido novedades sobre el caso. Mientras tanto, los talleres clandestinos siguen funcionando y las grandes marcas, haciendo sus negocios de cada temporada.
