En la sesión del jueves 2 de noviembre, la Legislatura aprobó en segunda lectura con 32 votos, todos del oficialismo, una ley para modificar los alcances del Sistema de Estacionamiento Regulado de la Ley N° 5.728 y autorizar el uso de once predios propiedad de la Ciudad como playas de vehículos en infracción remolcados por las grúas de los concesionarios.
Las modificaciones introducidas que forman parte de la nueva ley son las siguientes:
Art. d) Los Concesionarios pondrán a disposición de la autoridad de aplicación un sistema de acarreo con grúas que deberán operar siguiendo las instrucciones que imparta la autoridad de aplicación y a las órdenes de un funcionario público con poder de policía o de un miembro del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y administrarán el servicio en la o las playas de remisión que se encuentren en su zona de concesión.
Art.e) El sistema tendrá una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la Ciudad, dividiendo la misma en cinco zonas. Se procurará hacer coincidir las zonas con los límites de las distintas Comunas.Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será provista por el GCABA a los fines de la correcta prestación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado. Las playas de remisión no formarán parte de la concesión.
La oposición al proyecto
Marcelo Depierro (MC): “No cambió absolutamente nada en el proyecto respecto a la primera lectura, (que fue judicializada) y el fallo en la justicia sigue vigente. Plantear que la ciudad va a permanecer con la propiedad de los predios no suma nada al proyecto de ley y no anula los vicios que pueda llegar a tener esta concesión”.
Patricio del Corro (PTS): “Las playas de estacionamiento las pone la ciudad, los trabajadores también y las ganancias se la lleva el privado. Esta ley está viciada de nulidad porque requiere 40 votos”.
Sergio Abrevaya (GEN): “Son 120 mil espacios a regular y por lo tanto no se trata de ordenar el tránsito sino de cobrarle a la gente”.
Marcelo Guouman (Evolución):”Es inconstitucional y las modificaciones no fueron suficientes”.
Paula Penacca (UC) “Esto vuelve a darle un negocio a un privado que están teniendo ganancias extraordinarias. Debería ser un servicio que lo preste el Estado con el objetivo real del ordenamiento de tránsito y no el recaudatorio”.
