Masacre Pilagá: La justicia de Resistencia ratificó crimen de lesa humanidad

El asesinato de miembros de esa comunidad indígena por parte de fuerzas de la Gendarmería había sido calificado el año pasado, en un fallo de primera instancia, como un crimen de lesa humanidad.

El 10 de octubre de 1947 el Estado nacional envió a la Gendarmería a reprimir un supuesto levantamiento de los indígenas pilagá en lo que hoy es Formosa, pero en ese entonces era territorio nacional. Durante 20 días torturaron, asesinaron y violaron a las y los integrantes de la comunidad de La Bomba en las localidades de Las Lomitas y Pozo del Tigre.
La represión se llevó a cabo por el Escuadrón nro. 18 con colaboración de la Fuerza Aérea que disparó desde el aire a las personas que huían a esconderse en el monte.

“Arriba en el cielo, protegido por las alturas, un grupo de hombres uniformados y armados con una ametralladora Colt Calibre 7.65mm, capaz de disparar 600 tiros por minuto, se ‘enfrentan’ contra ciudadanos civiles desarmados, hambreados, con sed, con las ropas desgarradas, cargando sus enseres y huyendo con sus niños y ancianos a cuestas, los cuales deben abandonar a su suerte en el monte para intentar salvar sus propias vidas”, graficó la sentencia judicial.

Por su parte Ramón Rosa Galván, uno de los sobrevivientes, relató que vieron a los gendarmes llegar a caballo y quedaron “encerrados en las tierras de Curesti todo el día bajo el sol”.
“Los gendarmes preguntaban si se podía abrir fuego sobre los ‘perros‘, pero el comandante decía que todavía no, que no era el momento. Entonces le hablaron al Cacique Tapiceno por medio de su lenguaraz. Le dijeron que si le daban una o dos chicas ellos no abrirían fuego”, recordó y completó: “Entonces agarraron a la chica más linda de todas y el mismo comandante la llevó para el monte y la violó”.

Sin embargo esa parte de su declaración no es la más terrible. “Asinita era una chinita, cinco o seis meses tenía, y el jefe que venía al frente de la comisión ordenó que le metieran un tiro en la cabeza. ¡Eso he visto yo!”, relató.

Silvina Ramírez, integrante del GAJAT, dijo a Página/12 que “la masacre de Rincón Bomba representa una política de Estado que ha despojado, invisibilizado y perseguido a los pueblos indígenas y que subsiste avanzado ya el siglo XXI”.
Por eso analizó que “la decisión de la Justicia de condenar a ese Estado represor, considerando los hechos perpetrados como crímenes de lesa humanidad en primera instancia y como genocidio en la sentencia de la Cámara Federal, demuestra un reconocimiento que ojala sea un intento de desandar ese camino”.

El Estado deberá resarcir al pueblo pilagá por el genocidio de 1947
Fue confirmado el fallo que ordena reparaciones patrimoniales y no patrimoniales por los crímenes de Gendarmería. El Estado nacional deberá invertir en obras, otorgar becas estudiantiles por diez años, fijar la fecha de la masacre en el calendario escolar y hacer un monumento recordatorio, entre otras acciones.


Los sobrevivientes de la masacre fueron detenidos y convertidos en esclavos.


Tras siete décadas de combate contra el olvido y la impunidad, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el fallo del juez Fernando Carbajal, que había considerado como crímenes de lesa humanidad los que fueron cometidos por la Gendarmería Nacional contra el pueblo indígena Pilagá, y había ordenado reparaciones patrimoniales y no patrimoniales por parte del Estado nacional.

“La masacre de Rincón Bomba representa una política de Estado que ha despojado, invisibilizado y perseguido a los pueblos indígenas y que subsiste avanzado ya el siglo XXI”, dijo a Página/12 Silvina Ramírez, integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). “La decisión de la Justicia de condenar a ese Estado represor, considerando los hechos perpetrados como crímenes de lesa humanidad en primera instancia y como genocidio en la sentencia de la Cámara Federal, demuestra un reconocimiento que ojala sea un intento de desandar ese camino”, agregó la abogada, especialista en derecho indígena.

Fuentes consultadas: notasperiodismopopular.com.ar, pagina12.com.ar

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