Tras ocho meses de iniciado el juicio por las muertes en junio de 2002 de Maxilmiliano Kosteki y Darío Santillán, los dos jóvenes integrantes del Movimiento de Desocupados Aníbal Verón, ayer el tribunal de Loma de Zamora dictó sentencia. Halló culpables de “doble homicidio agravado por la alevosía” al ex comisario Alberto Fanchiotti y al ex suboficial Alejandro Acosta, quienes recién después de 25 años de cumplimiento efectivo podrán reclamar libertad condicional.
El tribunal también condenó a penas de entre dos y cuatro años de prisión a otros cinco ex policías juzgados por encubrimiento y a diez meses de cárcel en suspenso a Celestino Robledo a la sazón ex policía (por haber renunciado al Cuerpo) que se hizo pasar por efectivo de la fuerza.
Se inicia otra investigación
Los tres magistrados del Tribunal Oral de Lomas de Zamora ordenaron que se investigue por presunto falso testimonio a tres ex funcionarios que declararon como testigos en el juicio. Se trata del ex ministro de justicia Jorge Vanossi y los ex jefe y subjefe del servicio de inteligencia Carlos Soria y Oscar Rodríguez. respectivamente. Habrían incurrido en contradicciones al ser preguntados si el gobierno de entonces había encomendado a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) investigar y organizar la represión de los piqueteros.
“Soria dijo que la SIDE recolectó información de inteligencia sobre los piqueteros a pedido de Vanossi. Pero Vanossi lo negó y aseguró que no le pidió ningún informe. Rodríguez, muy cercano a Duhalde y a quien también se llegó a vincular en su momento con Fanchiotti, intervino en la elaboración de ese informe. Esos datos fueron incluidos en la denuncia que hizo Vanossi ante la Procuración al día siguiente de la masacre apelando a la Ley de Defensa de la Democracia. Allí, prácticamente se acusaba a los piqueteros de querer tomar por asalto el poder” (Clarín 09/01/2006).
Vanossi y Rodríguez son actualmente diputados nacionales, el primero del Pro y el segundo del duahaldismo, en tanto Soria no ocupa ningún cargo público.
A la vez, los jueces rechazaron un pedido de los familiares de las víctimas, quienes buscaban abrir una investigación contra dos funcionarios bonaerenses al momento de los hechos: el ex jefe de la policía, comisario Edgardo Beltracchi, y el secretario de Seguridad, Luis Genoud.
El tribunal ordenó, en cambio, investigar las denuncias de vejaciones y apremios ilegales en la comisaría primera de Avellaneda a manifestantes detenidos durante la trágica jornada
