Desde el lugar del desalojo, la responsable de Vivienda y Hábitat de ‘La Boca Resiste y Propone’, Natalia Quinto, denunció que las cinco familias expulsadas de ese predio no pueden considerarse “usurpadoras” porque “no violentaron el inmueble ni entraron como intrusos” sino que vivían allí desde hace más de una década ya que “la propietaria anterior era quien les alquilaba el inmueble”.
“Nosotros le pedimos 45 días a la fiscal y a la jueza para que las familias busquen alquiler y se gestionen los subsidios para el pago pero la fiscal se negó rotundamente, entonces presentamos una apelación que ya está en la Cámara (en lo Penal, Contravencional y de Faltas), donde lo más factible es que resuelvan que estas familias no eran usurpadoras pero el hecho es que ya están en la calle”, agregó Quinto en diálogo con Télam.
La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 35 de CABA está bajo la dirección de Celsa Ramírez, quien desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor de las familias, Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de los niños que allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, también incluyen cinco testigos a los que la fiscal jamás llamó a indagatoria.
La resolución judicial favorece al comprador del inmueble. “A Norberto Godoy le costó 70.000 dólares comprar la vivienda en estado de usurpación en una de las mejores zonas del barrio de La Boca. Considerando que vivían 12 personas en ese segundo piso de mala muerte, compuesto por una galería abierta, paredes manchadas de humedad, dos habitaciones y un baño, en total sería alrededor de 670.000 pesos por cada persona que se deja por tiempo indeterminado en situación de calle, exponiéndolas al frío, al hambre, a la inseguridad y sacrificando su futuro” informó la Agencia de noticias ANCCOM.
