Las Justicia porteña clausuró locales comerciales en Costa Salguero

El juez del fuero Contenciosos Administrativo de la Ciudad, Roberto Gallardo clausuró el jueves último varias instalaciones comerciales de Costa Salguero, en un operativo de cinco horas que dirigió personalmente, tras hacer lugar a una medida cautelar de los legisladores Facundo Di Filippo y la electa Rocío Sánchez Andía.

Según constancias presentadas por los legisladores denunciantes, de los 23 locales comerciales instalados en Costa Salguero 19 no tendrían la correspondiente habilitación, entre ellos, la estación de servicio de la entrada de ese complejo, cuya ubicación fue cuestionada por expertos en seguridad aeronáutica y que Gallardo clausuró en primer término.

Luego le tocaría el turno a un campo de golf, un local gastronómico y de entretenimientos, el hotel y también un centro de convenciones, aunque en este caso Gallardo autorizó se realice el BAFIM, el festival de música independiente con permiso especial del Gobierno porteño.

La Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño volvió a desobedecer la orden judicial no acompañando al magistrado, tal como lo había hecho en un primer intento de clausura a mitad de semana. En el acta de las clausuras el juez dejó constancia que, mientras realizaba el operativo, funcionarios del Gobierno de la Ciudad estaban en la administración del hotel y se retiraron sin haber labrado —como hubiera correspondido— acta alguna.

Costa Salguero fue concesionado en 1991 por 30 años a la empresa Telemetrix, la cual paga a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un canon mensual de sólo 30 mil pesos, pero cobra unos 370 mil pesos mensuales por el alquiler de todos los locales instalados en ese predio.

Los dos legisladores mencionan en la acción de amparo una serie de construcciones por parte de la concesionaria que no se corresponden con un predio catalogado como Urbanización Parque y que también afectan lo que debería ser el camino de sirga, por lo cual sostienen que “a pesar de todas las irregularidades” denunciadas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “jamás ha ejercido su poder de policía ni efectuado un control efectivo”.

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