VIH: El Estado dificulta el acceso al tratamiento a 40.000 portadores

Cambios en la regulación del otorgamiento de pensiones, demoras en las compras del Estado de la medicación a los laboratorios y falta de reactivos en los hospitales, son algunas de las situaciones que deben enfrentar unos 40 mil ciudadanos portadores de esta enfermedad.

Lo que esta sucediendo con las personas con VIH que tienen pensión no contributiva, es que la Agencia Nacional de Discapacidad le está haciendo extender un certificado médico obligatorio que se hace online y que deben presentar en el centro de salud más cercano con la condición de que su no cumplimiento es bajo apercibimiento y de no realizarse la pensión se da de baja. Estamos hablando de 40 mil personas que viven con esta enfermedad y que poseen una pensión no contributiva que está vinculada a su incapacidad a la hora de conseguir un empleo formal”, explicó Claudio Mariani, miembro de la Comisión de Salud de Buenos Aires 3D y portador de VIH.

La situación actual para nosotros es terrible porque en muchos casos esas notificaciones no llegan o llegan tarde y el plazo para su cumplimiento es de sesenta días, caso contrario se le quita la pensión. Con este requisito el Estado esta dejando a personas portadoras de VIH a la deriva“, agregó y contó que muchas veces los doctores no están preparados para hacer el certificado específico que los pacientes deben presentar. Con respecto a la pensión en cuestión, esta no superan los $7000 mensuales, valor infímo si se considera lo elevado del costo de vida del presente donde por ejemplo una canasta básica actual que no baja de los once mil pesos.

En principio con la disposición habría un error de concepto sobre lo que significa vivir con VIH en nuestro país, el certificado lo que brinda es un panorama que indica el “nivel de discapacidad” que la persona en cuestión posee, pero cuando nos referimos a individuos portadores de este virus la palabra “discapacidad” no sería la correcta porque no radica en eso el otorgamiento de la pensión sino en la incapacidad que tiene esa persona de poder conseguir un empleo con el cual sustentarse. Y los motivos de esto van desde la falta de información de los empleadores hasta todo tipo de prejuicios de la sociedad.

“Intentamos comunicarnos con la dirección pero nadie sabe indicar nada con claridad, ni que hay instructivos para hacer el certificado de forma correcta. Todo lo que tiene que ver con el trámite en sí mismo son trabas constantes y reales. Por otro lado habíamos detectado a finales del mes de marzo que había hospitales que no estaban entregando la medicación para los pacientes de VIH y la respuesta del Ministerio de Salud fue que habían hecho la compra tarde. Esto generó que hasta que el cargamento ingresó al país y fue distribuido, hubo personas que debieron fraccionar su medicación a la espera de la llegada del pedido”, denunció Mariani.

Con respecto a las obras sociales, OSPEP (Obra Social Personal del Espectáculo Público) no entregó medicación durante dos meses a sus pacientes alegando problemas con los laboratorios. Lo que sucedía es que no compraban en otro lugar que no fuera el más económico y durante ese período de tiempo dicha firma no tenía stock, pero en lugar de buscar un nuevo proveedor, discontinuaron la compra. “Las obras sociales están midiendo donde comprar por la cuestión de costos que tiene la medicación, el presupuesto en su momento se hizo con un dólar a $40 y hoy ya está a $45. También han acordado con la SuperIntendencia “protocolizar la medicación” lo que significa que en lugar de brindarle nuevos tratamientos a los pacientes en tanto aparezcan medicamentos más eficientes o a la vanguardia, continuarán proporcionándoles cócteles de pastillas más económicas. Lo cual es injusto porque si se están haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de los pacientes, las obras sociales deberían brindarlas”, concluyó Mariani.
Fuente: infobaires24

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